NO SON 2 HORAS MÁS, SON DESPIDOS
ALGUNAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL RECORTE EN CASTILLA-LA MANCHA
¿QUÉ MEDIDAS HA PRESENTADO DE COSPEDAL?
La presidenta de Castilla-La Mancha, Mª Dolores de Cospedal, ha anunciado un recorte en la inversión y el gasto público de nuestra región de 1.800 millones de euros entre 2011 y 2012, una cantidad equivalente al 20% del total de los presupuestos de la Junta de Comunidades. El plan de recorte se llama “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos”.
El Plan incluye medidas de “ahorro” en educación por un valor de 137 millones de euros.
Este ahorro se conseguirá fundamentalmente mediante 3 medidas: el aumento en 2 horas lectivas semanales más al profesorado de la escuela pública; el cierre de 32 de los 33 Centros de Profesores y Recursos que existían; y la eliminación del abono de las vacaciones de julio y agosto para el profesorado interino.
¿POR QUÉ SE PIDE AL PROFESORADO TRABAJAR 2 HORAS MÁS?
La medida del aumento de 2 horas persigue un ahorro económico. Con el aumento de 2 horas los profesores fijos se ocuparán de dar más clases, que antes eran impartidas por los profesores interinos. Así se podrán deshacer de estos últimos. El único objetivo es eliminar profesorado interino para ahorrar sus salarios. Si en Castilla-La Mancha existen unos 35.000 profesores y maestros, y cada uno de ellos realiza dos horas más conseguimos 70.000 horas sobrantes. Si dividimos estas horas entre 20 horas que realiza cada profesor como jornada lectiva nos dará una cifra de 3.500. Por tanto, el exceso de horas podría permitir eliminar 3.500 profesores y maestros interinos que dejarán de ser contratados.
Por lo tanto, el objetivo de la medida no es hacer trabajar 2 horas más sino despedir a miles de trabajadores de la enseñanza y ahorrar sus salarios.
¿LOS PROFESORES TRABAJAN 18 HORAS SEMANALES?
Es totalmente falso que los profesores trabajen 18 horas semanales. Estas 18 horas semanales son las horas de clase, llamadas horas lectivas. El horario de un profesor o maestro son 37 horas semanales. El resto de horas, desde las 18 a las 37, son completadas en sus horarios con horas de tutorías con alumnos, tutorías con padres-madres, guardias en el centro, reuniones de departamentos, sesiones de evaluación, así como las horas necesarias e imprescindibles para la preparación de las clases, actividades, correcciones, seguimiento del alumnado, etc.
¿ES VAGO O INSOLIDARIO EL PROFESORADO DE LA ESCUELA PÚBLICA?
Los que quieren aplicar la medida argumentan que trabajar 2 horas más no es demasiado, o que la mayoría de trabajadores tienen jornadas más largas, están desviando la atención sobre la cuestión real, puesto que el objetivo de la medida no es hacer trabajar 2 horas más, sino que el objetivo es poder despedir profesorado interino para ahorrar dinero. Por tanto, el dilema no está entre 2 horas más o 2 horas menos sino entre despedir o no despedir.
Lamentablemente, todo este argumentario encuentra el terreno abonado entre una parte de la ciudadanía, ya que durante muchos años desde algunos sectores se ha lanzado una campaña de desprestigio hacia los trabajadores de los servicios públicos.
Afortunadamente la mayoría del profesorado se opone a esta medida por dos motivos: porque no quiere el despido de ningún profesor y porque la medida va a deteriorar gravemente la enseñanza pública.
Por tanto, no es que los profesores no quieran trabajar 2 horas lectivas más sino que se oponen al despido de compañeros y defienden una enseñanza pública de calidad.
Sobre la solidaridad del profesorado en estos momentos de crisis económica, hay que recordar también que desde mayo de 2010 el Gobierno aplicó un recorte del 7% en los salarios, recorte que sigue aplicándose actualmente con la congelación de los mismos.
¿AFECTA ÉSTO AL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS?
La medida del aumento de 2 horas lectivas hace aumentar la carga de trabajo del profesorado. La jornada de 37 horas semanales no aumenta, por lo tanto el aumento de 2 horas lectivas eliminará de los horarios otras tareas como horas de atención a alumnos, horas de atención a padres-madres, tutorías, horas dedicadas a alumnos con dificultades de aprendizaje, etc.
El aumento de horas lectivas dificulta al profesorado realizar el proceso de enseñanza en óptimas condiciones. Tendrá menos tiempo real para la atención al alumnado y a las familias. Por tanto, serán el alumnado y las familias las que se verán perjudicadas y se reducirá la calidad de la enseñanza pública.
¿CÓMO AFECTAN ESTAS MEDIDAS A LOS JÓVENES?
Repetimos que el aumento de horas se aplica para conseguir eliminar profesorado interino. Por lo tanto, esta medida impedirá a miles de jóvenes entrar a trabajar en su profesión vocacional, para lo cual llevan preparándose duramente durante muchos años. Se cierra así una puerta más a los jóvenes de nuestra región, en un momento en que sufren unas tasas de paro del 50%, con un mercado de trabajo casi totalmente paralizado.
Además, entre las medidas del Plan de recorte se incluye la congelación de todas las ofertas de oposiciones de empleo público y la prohibición de contratación de interinos. Es una lamentable noticia para los jóvenes que no van a poder entrar a trabajar en el sector público. Recordemos que España es uno de los países de la Unión Europea con menor número de empleados públicos, tanto en número como en proporción a la población. Además de que en España existe un gran déficit social, siendo de los países con menor inversión en los servicios públicos como educación, sanidad o servicios sociales.
¿DESPEDIR PROFESORADO NOS AYUDA A SALIR DE LA CRISIS?
Repetimos que el aumento de horas persigue el despido de profesores interinos. Esta es una medida antieconómica, es decir, es contraria al crecimiento económico. El ahorro de salarios en profesorado va a conllevar un gran gasto en prestaciones por desempleo, con lo cual quedará compensado e inutilizado el supuesto ahorro de dinero público. Además, la destrucción de empleos conllevaría una reducción en el consumo privado de estos trabajadores y sus familias, lo cual afectaría negativamente a todos los sectores de empresas privadas de nuestra región, generándose un bucle antieconómico que puede generar destrucción de empleo también en las empresas privadas.
Hay que recordar que el Plan de recorte también incluye otras medidas antieconómicas, como por ejemplo el recorte en inversión para la construcción de infraestructuras, con un recorte de inversión de 250 millones de euros, con lo cual quedará más perjudicado el sector de la construcción y todos los sectores afines a éste.
¿NO HAY OTRA ALTERNATIVA?
El Plan de recortes viene acompañado de algunos argumentos falsos. Se repite una y otra vez que no hay otra alternativa a este Plan. Pues bien, es totalmente falso que no exista otra alternativa y veremos porqué. Además, dentro del Plan podemos encontrar algunas medidas que podemos considerar como positivas, pues suponen un ahorro basado en la utilización eficiente de los recursos públicos sin tener como consecuencia destrucción de empleo o deterioro del servicio. Por tanto, primero hemos de decir que apoyamos la existencia de un Plan de ahorro pero que no contenga medidas que supongan destrucción de empleos o deterioro de los servicios públicos.
El Plan de ahorro presentado por De Cospedal está basado en un 95% en un recorte de gasto, y solo en un 5% en un aumento de ingresos. Se dice que solo es posible ahorrar reduciendo los gastos. Claramente este argumento es falso, puesto que también se puede ahorrar aumentando los ingresos.
A título de ejemplo se podría volver a implantar determinados impuestos que se eliminaron en 2007, como por ejemplo el Impuesto sobre el Patrimonio, el cual solo lo pagaban las personas con un patrimonio superior al millón de euros. Con este impuesto se recaudaban en España anualmente 2.000 millones de euros, cifra suficiente para hacer innecesarios los recortes en educación. A nivel general, podemos decir que se debe realizar una reforma fiscal de carácter progresiva, es decir, para que paguen más los que más tienen, que incluya la recuperación de impuestos eliminados o casi eliminados (como el Impuesto sobre el Patrimonio, o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), así como un plan de afloramiento de la economía sumergida. Estas serían medidas que permitirían el ahorro, mediante el aumento de ingresos, pero que no afectarían negativamente a la inmensa mayoría de los ciudadanos.
¿EL RECORTE ES INEVITABLE POR LA HERENCIA RECIBIDA DEL ANTERIOR GOBIERNO?
No es nuestro cometido discernir qué herencia ha recibido este gobierno, ni qué hicieron los anteriores. Es un dato objetivo que el Plan de recortes surge en un contexto de gran déficit en nuestra región. Pero aplicar recortes en educación y despedir a profesores interinos es una decisión política, y como tal solo podría rectificarse y retirarse por quienes nos gobiernan. Ya hemos visto antes que es posible aplicar otras medidas de ahorro, mediante el aumento de ingresos, que harían innecesarios estos recortes traumáticos e ineficaces. Sin tener en cuenta cuestiones electoralistas concluimos que la decisión del recorte en educación y el consiguiente despido de profesorado es una decisión ineficaz (porque va a ocasionar un gran gasto de dinero público en prestaciones por desempleo), innecesaria (porque se puede ahorrar mediante el aumento de ingresos), injusta (porque los trabajadores de la enseñanza no son culpables de la crisis ni del déficit, y ya han contribuido reduciéndose y congelando su sueldo) y perjudicial para nuestro sistema educativo público y toda la sociedad castellano-manchega.
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lunes, 5 de septiembre de 2011
miércoles, 31 de agosto de 2011
HABLA BAYLOS...EL ESTADO SOCIAL Y EL LIMITE AL DEFICIT PUBLICO
Publicado en el blog de Antonio Baylos, http://baylos.blogspot.com/ ,el 28 de Agosto de 2011.
Sorprendido el titular de este blog mientras realizaba sus tareas cotidianas en la cocina veraniega que caracteriza las vacaciones junto al mar por el anuncio de una reforma constitucional de tremendo calado, y después de leer la estupenda reflexión crítica que sobre este tema ha realizado Rafael Escudero en el diario "Público" de 24 de agosto, ha escrito el siguiente comentario que pretende hacerlo circular por si algún diario de ámbito y tirada nacional le apetece publicarlo. De momento, lo hace en el blog, en rigurosa primicia, para los lectores consumados del mismo, incluso en los calores estivos del verano.
Las constituciones democráticas promulgadas en Europa tras la desaparición de los regímenes fascistas parten del reconocimiento del poder constituyente como momento fundante del sistema democrático en un doble sentido, como rechazo del autoritarismo político y social del fascismo, y como pacto o compromiso constituyente refundador del Estado y de la convivencia civil. Este consenso constituyente no sólo abarca a los partidos políticos, sino más en general a los sujetos sociales portadores de un proyecto de sociedad y al conjunto de la ciudadanía que está convocada a participar en esta definición constitucional a través de la consulta popular o refrendaria. La constitución de un país requiere por tanto un amplio debate que culmina en un consenso entre diferentes líneas ideológicas y culturales que se replican en las diferentes fuerzas políticas que coinciden en este diseño. Eso explica la “rigidez” constitucional del constitucionalismo moderno, que prevé un procedimiento especial agravado para la reforma de la Constitución y la instauración de un control de constitucionalidad de las leyes a cargo de la jurisdicción ordinaria y, en última instancia, por el Tribunal Constitucional.
Esta posición especial de la Constitución como “un sistema de meta-reglas destinada a todos los poderes públicos, como garantía de los derechos de todos” (Ferrajoli) resulta claramente alterada por el proyecto de reforma propuesto por el gobierno y aceptada por el PP del art. 134 de la Constitución para imponer un techo al déficit público del 0,40% del PIB infranqueable por las estructuras del Estado y sus respectivas Administraciones, que entraría en vigor el año 2018. Al parecer se trata de una medida que será bien recibida por “los mercados” cuando renegociemos la deuda española a comienzos de octubre, y que ha sido recomendada por los gobiernos francés y alemán bajo el atractivo nombre de “regla de oro”. Como medida de política económica europea, se trata de una decisión muy ligada a la ortodoxia neoliberal, que al estar desvinculada de otras medidas económicas en el espacio europeo, como la reforma fiscal, el control de los mercados financieros, la creación de eurobonos y tantas otras modificaciones imprescindibles para configurar una verdadera política económica y fiscal común – siempre dentro de la lógica del capitalismo en la era de la globalización, por cierto - , coloca a España en una situación de desigualdad permanente en un equilibrio asimétrico de la llamada “gobernanza” europea. Pero además de ello, la imposición de un techo constitucionalmente definido al déficit público confunde lo que puede tratarse de una medida de política económica coyuntural frente a la crisis – o frente a la valoración de los mercados financieros de la deuda soberana – con la constitución de un proyecto permanente de regulación social y civil. Como medida de política económica – al margen de las críticas absolutamente generalizadas y razonables a la misma – la obsesión por reducir el déficit público sólo puede formalizarse en una ley, pero nunca integrar el marco constitucional de un Estado social y democrático de derecho.
Porque las consecuencias de insertar esta medida en el texto constitucional no se han valorado convenientemente. Desvirtúa directamente el modelo social y político por el que optó nuestra Constitución de 1978. Y no está originado, como la reforma de 1992 del art. 13 CE, por un cambio en la regulación constitucional europea y ampliar el derecho de voto a los ciudadanos de la Unión Europea. Ni el Tratado de Lisboa ni la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, avalan esta medida, antes bien, mantienen la capacidad derivada del principio de subsidiariedad para que los Estados puedan cumplir por si solos las políticas sociales y los fines de protección de los derechos de libertad, igualdad y solidaridad que constituyen ese acervo democrático común europeo, el llamado “modelo social europeo” que descansa en las constituciones sociales de sus estados miembros.
La limitación del déficit público en los términos pactados está directamente relacionada con la cláusula social del art. 1.1 de la Constitución española, y esta a su vez con el art. 9.2 del mismo texto constitucional que obliga a los poderes públicos a una labor permanente de eliminación de las situaciones de desigualdad económica, social y cultural que dividen y fragmentan a los ciudadanos de un país. Al establecer de forma general y absoluta una prohibición para todos los organismos y administraciones del Estado de endeudarse más allá del 0,40% del PIB, está condenando a la inmovilidad a una buena parte de la acción de las políticas públicas de igualdad y de nivelación social. Con ello está impidiendo en la práctica la satisfacción eficaz de muchos derechos sociales reconocidos en la constitución para que se materialicen en la acción pública y no para que se les considere piezas declamatorias sin resultado real alguno en razón de una regla “técnica”, la imposibilidad de utilizar recursos presupuestarios públicos para poner en práctica actuaciones de nivelación social constitucionalmente garantizadas. El proyecto de reforma constitucional diseñado reconoce explícitamente la repercusión negativa de esta regla “neutra” sobre la cláusula social del art. 1.1 CE al prever como excepción el pago de prestaciones sociales como la del desempleo, estado de necesidad que tiene que ser protegido por la acción de los poderes públicos, como tantos otros derechos sociales a la protección social frente a la vejez o la invalidez, la salud, pero también la educación, la vivienda, el trabajo. En definitiva, el techo constitucional al déficit público afecta directamente a la función del Estado social, porque niega a los poderes públicos uno de los mecanismos importantes para encarar en un momento histórico determinado compromisos sociales que se han reconocido como derechos que requieren de la actividad prestacional del Estado y de las Comunidades Autónomas para su materialización efectiva. El caso de la dependencia parece suficientemente emblemático al respecto.
Pero además la reforma constitucional, cuya proposición de ley se registrará esta semana, para que el Congreso pueda aprobar el 30 de agosto su remisión al senado el 1 de septiembre, donde previsiblemente en una semana se adoptará sin problemas (¿?) el texto de la misma, busca expresamente que no haya ningún debate público sobre el contenido y las consecuencias de la misma. Eso implica que un cambio en la Constitución de una nación se pueda realizar en vacaciones, sin que los ciudadanos puedan ni siquiera reaccionar ante una modificación extremadamente importante de las condiciones de su convivencia social, y sin que desde luego éstos puedan participar mediante su voto en la aceptación o el rechazo de tal medida. Se llama “reforma constitucional express”, pero ese término no oculta su vocación antidemocrática. De esta manera en efecto se está vulnerando una regla básica del estado democrático de derecho al impedir conscientemente un debate público y ciudadano sobre un asunto de interés general con incidencia inmediata en la validez de las políticas públicas sociales y sobre la propia eficacia de los derechos sociales y colectivos. Es una reforma que sofoca la democracia y desconfía claramente del fundamento democrático y popular que sostiene el andamiaje de nuestra Constitución.
La reforma no puede prosperar por lealtad constitucional. Que no impone sólo el respeto a la unidad de España y a sus instituciones simbólicas, sino el más escrupuloso cumplimiento de las garantías democráticas y la preservación obligada de la función del Estado social como legitimación de la propia convivencia ciudadana. Los propios partidos políticos proponentes – PP y PSOE – pero fundamentalmente este último, que ha mantenido la superioridad de la constitución sobre las actuaciones políticas partidistas, deben revisar su postura. En el parlamento, los grupos minoritarios, tanto de izquierda, como nacionalistas, y una parte importante del propio grupo socialista, deberían manifestar su oposición a esta reforma por lealtad constitucional. Felizmente algunos – muy pocos, para consternación de los demócratas – ya lo han hecho. Hay que esperar que sigan aumentando las voces de oposición.
Pero el debate no es sólo parlamentario ni se puede encerrar en el circuito político-electoral. Los sindicatos como expresión potente del interés colectivo de los trabajadores y de la mayoría de la ciudadanía social, tienen que exigir de forma contundente al gobierno un paso atrás sobre esta decisión antidemocrática y antisocial que rompe el consenso constituyente del texto de 1978 que tanto sufrimiento costó a varias generaciones de trabajadores y trabajadoras españolas que con su lucha permitieron la instauración de una democracia. Y los fenómenos colectivos de agregación de intereses ciudadanos difusos que se están expresando en movimientos tan decisivos como el 15-M, tienen que redoblar su presión contra este auténtico golpe de mano contra el estado social y democrático que los españoles decidimos mayoritariamente como forma de regular las relaciones sociales de nuestro país. Por lealtad constitucional, todos estamos implicados y comprometidos en el rechazo de esta reforma vergonzante y vergonzosa de la Constitución. Leer más sobre este artículo...
Sorprendido el titular de este blog mientras realizaba sus tareas cotidianas en la cocina veraniega que caracteriza las vacaciones junto al mar por el anuncio de una reforma constitucional de tremendo calado, y después de leer la estupenda reflexión crítica que sobre este tema ha realizado Rafael Escudero en el diario "Público" de 24 de agosto, ha escrito el siguiente comentario que pretende hacerlo circular por si algún diario de ámbito y tirada nacional le apetece publicarlo. De momento, lo hace en el blog, en rigurosa primicia, para los lectores consumados del mismo, incluso en los calores estivos del verano.
Las constituciones democráticas promulgadas en Europa tras la desaparición de los regímenes fascistas parten del reconocimiento del poder constituyente como momento fundante del sistema democrático en un doble sentido, como rechazo del autoritarismo político y social del fascismo, y como pacto o compromiso constituyente refundador del Estado y de la convivencia civil. Este consenso constituyente no sólo abarca a los partidos políticos, sino más en general a los sujetos sociales portadores de un proyecto de sociedad y al conjunto de la ciudadanía que está convocada a participar en esta definición constitucional a través de la consulta popular o refrendaria. La constitución de un país requiere por tanto un amplio debate que culmina en un consenso entre diferentes líneas ideológicas y culturales que se replican en las diferentes fuerzas políticas que coinciden en este diseño. Eso explica la “rigidez” constitucional del constitucionalismo moderno, que prevé un procedimiento especial agravado para la reforma de la Constitución y la instauración de un control de constitucionalidad de las leyes a cargo de la jurisdicción ordinaria y, en última instancia, por el Tribunal Constitucional.
Esta posición especial de la Constitución como “un sistema de meta-reglas destinada a todos los poderes públicos, como garantía de los derechos de todos” (Ferrajoli) resulta claramente alterada por el proyecto de reforma propuesto por el gobierno y aceptada por el PP del art. 134 de la Constitución para imponer un techo al déficit público del 0,40% del PIB infranqueable por las estructuras del Estado y sus respectivas Administraciones, que entraría en vigor el año 2018. Al parecer se trata de una medida que será bien recibida por “los mercados” cuando renegociemos la deuda española a comienzos de octubre, y que ha sido recomendada por los gobiernos francés y alemán bajo el atractivo nombre de “regla de oro”. Como medida de política económica europea, se trata de una decisión muy ligada a la ortodoxia neoliberal, que al estar desvinculada de otras medidas económicas en el espacio europeo, como la reforma fiscal, el control de los mercados financieros, la creación de eurobonos y tantas otras modificaciones imprescindibles para configurar una verdadera política económica y fiscal común – siempre dentro de la lógica del capitalismo en la era de la globalización, por cierto - , coloca a España en una situación de desigualdad permanente en un equilibrio asimétrico de la llamada “gobernanza” europea. Pero además de ello, la imposición de un techo constitucionalmente definido al déficit público confunde lo que puede tratarse de una medida de política económica coyuntural frente a la crisis – o frente a la valoración de los mercados financieros de la deuda soberana – con la constitución de un proyecto permanente de regulación social y civil. Como medida de política económica – al margen de las críticas absolutamente generalizadas y razonables a la misma – la obsesión por reducir el déficit público sólo puede formalizarse en una ley, pero nunca integrar el marco constitucional de un Estado social y democrático de derecho.
Porque las consecuencias de insertar esta medida en el texto constitucional no se han valorado convenientemente. Desvirtúa directamente el modelo social y político por el que optó nuestra Constitución de 1978. Y no está originado, como la reforma de 1992 del art. 13 CE, por un cambio en la regulación constitucional europea y ampliar el derecho de voto a los ciudadanos de la Unión Europea. Ni el Tratado de Lisboa ni la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, avalan esta medida, antes bien, mantienen la capacidad derivada del principio de subsidiariedad para que los Estados puedan cumplir por si solos las políticas sociales y los fines de protección de los derechos de libertad, igualdad y solidaridad que constituyen ese acervo democrático común europeo, el llamado “modelo social europeo” que descansa en las constituciones sociales de sus estados miembros.
La limitación del déficit público en los términos pactados está directamente relacionada con la cláusula social del art. 1.1 de la Constitución española, y esta a su vez con el art. 9.2 del mismo texto constitucional que obliga a los poderes públicos a una labor permanente de eliminación de las situaciones de desigualdad económica, social y cultural que dividen y fragmentan a los ciudadanos de un país. Al establecer de forma general y absoluta una prohibición para todos los organismos y administraciones del Estado de endeudarse más allá del 0,40% del PIB, está condenando a la inmovilidad a una buena parte de la acción de las políticas públicas de igualdad y de nivelación social. Con ello está impidiendo en la práctica la satisfacción eficaz de muchos derechos sociales reconocidos en la constitución para que se materialicen en la acción pública y no para que se les considere piezas declamatorias sin resultado real alguno en razón de una regla “técnica”, la imposibilidad de utilizar recursos presupuestarios públicos para poner en práctica actuaciones de nivelación social constitucionalmente garantizadas. El proyecto de reforma constitucional diseñado reconoce explícitamente la repercusión negativa de esta regla “neutra” sobre la cláusula social del art. 1.1 CE al prever como excepción el pago de prestaciones sociales como la del desempleo, estado de necesidad que tiene que ser protegido por la acción de los poderes públicos, como tantos otros derechos sociales a la protección social frente a la vejez o la invalidez, la salud, pero también la educación, la vivienda, el trabajo. En definitiva, el techo constitucional al déficit público afecta directamente a la función del Estado social, porque niega a los poderes públicos uno de los mecanismos importantes para encarar en un momento histórico determinado compromisos sociales que se han reconocido como derechos que requieren de la actividad prestacional del Estado y de las Comunidades Autónomas para su materialización efectiva. El caso de la dependencia parece suficientemente emblemático al respecto.
Pero además la reforma constitucional, cuya proposición de ley se registrará esta semana, para que el Congreso pueda aprobar el 30 de agosto su remisión al senado el 1 de septiembre, donde previsiblemente en una semana se adoptará sin problemas (¿?) el texto de la misma, busca expresamente que no haya ningún debate público sobre el contenido y las consecuencias de la misma. Eso implica que un cambio en la Constitución de una nación se pueda realizar en vacaciones, sin que los ciudadanos puedan ni siquiera reaccionar ante una modificación extremadamente importante de las condiciones de su convivencia social, y sin que desde luego éstos puedan participar mediante su voto en la aceptación o el rechazo de tal medida. Se llama “reforma constitucional express”, pero ese término no oculta su vocación antidemocrática. De esta manera en efecto se está vulnerando una regla básica del estado democrático de derecho al impedir conscientemente un debate público y ciudadano sobre un asunto de interés general con incidencia inmediata en la validez de las políticas públicas sociales y sobre la propia eficacia de los derechos sociales y colectivos. Es una reforma que sofoca la democracia y desconfía claramente del fundamento democrático y popular que sostiene el andamiaje de nuestra Constitución.
La reforma no puede prosperar por lealtad constitucional. Que no impone sólo el respeto a la unidad de España y a sus instituciones simbólicas, sino el más escrupuloso cumplimiento de las garantías democráticas y la preservación obligada de la función del Estado social como legitimación de la propia convivencia ciudadana. Los propios partidos políticos proponentes – PP y PSOE – pero fundamentalmente este último, que ha mantenido la superioridad de la constitución sobre las actuaciones políticas partidistas, deben revisar su postura. En el parlamento, los grupos minoritarios, tanto de izquierda, como nacionalistas, y una parte importante del propio grupo socialista, deberían manifestar su oposición a esta reforma por lealtad constitucional. Felizmente algunos – muy pocos, para consternación de los demócratas – ya lo han hecho. Hay que esperar que sigan aumentando las voces de oposición.
Pero el debate no es sólo parlamentario ni se puede encerrar en el circuito político-electoral. Los sindicatos como expresión potente del interés colectivo de los trabajadores y de la mayoría de la ciudadanía social, tienen que exigir de forma contundente al gobierno un paso atrás sobre esta decisión antidemocrática y antisocial que rompe el consenso constituyente del texto de 1978 que tanto sufrimiento costó a varias generaciones de trabajadores y trabajadoras españolas que con su lucha permitieron la instauración de una democracia. Y los fenómenos colectivos de agregación de intereses ciudadanos difusos que se están expresando en movimientos tan decisivos como el 15-M, tienen que redoblar su presión contra este auténtico golpe de mano contra el estado social y democrático que los españoles decidimos mayoritariamente como forma de regular las relaciones sociales de nuestro país. Por lealtad constitucional, todos estamos implicados y comprometidos en el rechazo de esta reforma vergonzante y vergonzosa de la Constitución. Leer más sobre este artículo...
jueves, 27 de enero de 2011
Todavía no está cerrado el acuerdo de pensiones
Según algunos medios de comunicación, ya existe acuerdo de pensiones entre Gobierno, patronal y sindicatos más representativos. Según la web del sindicato Comisiones Obreras, a lo largo de la mañana de hoy siguen las negociaciones, y en todo caso, el acuerdo final habrá de ser aprobado por su Consejo Confederal el próximo 1 de febrero.
La medida que más ha dado que hablar ha sido la del retraso de la edad de jubilación obligatoria hasta los 67 años.
En los últimos días y horas parece que esta propuesta del Gobierno está siendo modificada. Según las últimas informaciones la jubilación, con el 100% de lo cotizado, será a los 67 años para aquellos trabajadores que no hayan cotizado más de 38 años y medio a lo largo de su vida laboral.
Queda pendiente de aclarar multitud de aspectos que pueden hacer variar esta situación según las circunstancias personales de cada trabajador, según los años cotizados y su edad.
Según estos medios de comunicación, con más de 38 años y medio cotizados nos podremos jubilar con el 100% de lo cotizado a los 65 años. Hasta ahora eran necesarios 35 años para jubilarse con el 100% a los 65.
Pero parece que no va a ser obligatorio jubilarse a los 67 años si no se alcanzan los 38 años y medio cotizados sino que habrá reducciones en la pensión. Por tanto, la jubilación antes de los 67 será posible pero con una pensión menor. Incluso se podrá seguir solicitando la jubilación anticipada voluntaria a los 63 años, antes era a los 61, con un mínimo de años cotizados.
Quedan pendientes informaciones muy importantes. Sobre todo la que nos indique como calcular la pensión de jubilación, que hasta ahora se miraban los últimos 15 años cotizados, y parece que esto se ampliará hasta los 20 años. Este hecho es importante porque puede provocar importantes reducciones en las cuantías de las pensiones que cobraremos los trabajadores. Leer más sobre este artículo...
La medida que más ha dado que hablar ha sido la del retraso de la edad de jubilación obligatoria hasta los 67 años.
En los últimos días y horas parece que esta propuesta del Gobierno está siendo modificada. Según las últimas informaciones la jubilación, con el 100% de lo cotizado, será a los 67 años para aquellos trabajadores que no hayan cotizado más de 38 años y medio a lo largo de su vida laboral.
Queda pendiente de aclarar multitud de aspectos que pueden hacer variar esta situación según las circunstancias personales de cada trabajador, según los años cotizados y su edad.
Según estos medios de comunicación, con más de 38 años y medio cotizados nos podremos jubilar con el 100% de lo cotizado a los 65 años. Hasta ahora eran necesarios 35 años para jubilarse con el 100% a los 65.
Pero parece que no va a ser obligatorio jubilarse a los 67 años si no se alcanzan los 38 años y medio cotizados sino que habrá reducciones en la pensión. Por tanto, la jubilación antes de los 67 será posible pero con una pensión menor. Incluso se podrá seguir solicitando la jubilación anticipada voluntaria a los 63 años, antes era a los 61, con un mínimo de años cotizados.
Quedan pendientes informaciones muy importantes. Sobre todo la que nos indique como calcular la pensión de jubilación, que hasta ahora se miraban los últimos 15 años cotizados, y parece que esto se ampliará hasta los 20 años. Este hecho es importante porque puede provocar importantes reducciones en las cuantías de las pensiones que cobraremos los trabajadores. Leer más sobre este artículo...
viernes, 21 de enero de 2011
¿NEGOCIACIÓN vs. HUELGA GENERAL? FALTAN EXPLICACIONES
Cierto desasosiego remueve a las “bases” del sindicalismo confederal. Hemos llegado a un nuevo panorama de negociación pura entre Gobierno y sindicatos, y ahora parece que en serio, la Patronal. Incluso se presiona a los partidos políticos para que participen del proceso.
Este nuevo escenario ha llegado tres meses después de la Huelga General del 29 de septiembre. Quizás haya llegado, en parte como resultado de las distintas movilizaciones protagonizadas por los grandes sindicatos de este país que culminaron en la Huelga General. Puede que también el partido en el Gobierno se haya dado cuenta que las encuestas no cambian a mejor, y quizá esté enmendando algo del camino trazado desde mayo del año pasado, como intento de reencontrarse con su electorado de izquierdas. O puede que todo acabe siendo un espejismo, un nuevo barniz democrático a decisiones ya tomadas.
Puede ser que toda esta negociación acabe en un anteproyecto de ley que los sindicatos confederales no apoyen, y que el rodillo neoliberal del partido del Gobierno se imponga, otra vez, recortando derechos y esta vez debilitando el pilar más importante de nuestro estado social, la Seguridad Social.
Sinceramente, aunque no está el campo para vaticinios, la correlación de fuerzas no está para echar cohetes. Pero sí que puedo afirmar que está faltando pedagogía por parte de los sindicatos. Es necesario una mayor clarificación de los objetivos, de cuál es la nueva situación que permite lanzarse a una negociación tan amplia y ambiciosa. Evidentemente, no estoy pidiendo que los negociadores enseñen todas su cartas, pero que nos expliquen a qué estamos jugando.
También es cierto que en un panorama en el que la izquierda política, la izquierda “de verdad”, está tan ausente, tan carente de fuerzas, de ideas o capacidad para presentarse como una alternativa a las reformas antisociales, en este panorama, el sindicalismo está ocupando ese lugar, está convirtiéndose en la única voz y fuerza social, con sus limitaciones, con capacidad para oponerse al discurso neoliberal.
Sumemos pues nuestra pequeña voz a esa corriente. Reclamemos también una mejor explicación del proceso negociador actual. Y como siempre, pongámonos en la peor de las situaciones, engrasemos nuestra maquinaria democrática, por si no nos dejan otro camino que oponernos mediante la movilización social. Leer más sobre este artículo...
Este nuevo escenario ha llegado tres meses después de la Huelga General del 29 de septiembre. Quizás haya llegado, en parte como resultado de las distintas movilizaciones protagonizadas por los grandes sindicatos de este país que culminaron en la Huelga General. Puede que también el partido en el Gobierno se haya dado cuenta que las encuestas no cambian a mejor, y quizá esté enmendando algo del camino trazado desde mayo del año pasado, como intento de reencontrarse con su electorado de izquierdas. O puede que todo acabe siendo un espejismo, un nuevo barniz democrático a decisiones ya tomadas.
Puede ser que toda esta negociación acabe en un anteproyecto de ley que los sindicatos confederales no apoyen, y que el rodillo neoliberal del partido del Gobierno se imponga, otra vez, recortando derechos y esta vez debilitando el pilar más importante de nuestro estado social, la Seguridad Social.
Sinceramente, aunque no está el campo para vaticinios, la correlación de fuerzas no está para echar cohetes. Pero sí que puedo afirmar que está faltando pedagogía por parte de los sindicatos. Es necesario una mayor clarificación de los objetivos, de cuál es la nueva situación que permite lanzarse a una negociación tan amplia y ambiciosa. Evidentemente, no estoy pidiendo que los negociadores enseñen todas su cartas, pero que nos expliquen a qué estamos jugando.
También es cierto que en un panorama en el que la izquierda política, la izquierda “de verdad”, está tan ausente, tan carente de fuerzas, de ideas o capacidad para presentarse como una alternativa a las reformas antisociales, en este panorama, el sindicalismo está ocupando ese lugar, está convirtiéndose en la única voz y fuerza social, con sus limitaciones, con capacidad para oponerse al discurso neoliberal.
Sumemos pues nuestra pequeña voz a esa corriente. Reclamemos también una mejor explicación del proceso negociador actual. Y como siempre, pongámonos en la peor de las situaciones, engrasemos nuestra maquinaria democrática, por si no nos dejan otro camino que oponernos mediante la movilización social. Leer más sobre este artículo...
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