El Blog de Sergio Jiménez

35 AÑOS DE LA MATANZA DE LOS ABOGADOS DE ATOCHA

2012-01-24T09:38:00.001-08:00

Un día como hoy, hace 35 años, un grupo de pistoleros de extrema derecha irrumpieron en el despacho de abogados laboralistas de CCOO y del PCE situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid y ametrallaron a las nueve personas allí presentes.

Fallecieron los abogados, Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Serafín Holgado y el sindicalista Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Alejandro Ruiz Huertas, Mª Dolores González, Luís Ramos y Miguel Sarabia. A lo largo de estos años desde CCOO se ha impulsado, entre otras muchas cuestiones, actos y propuestas para dar a conocer lo que ha supuesto la lucha de estos compañeros por la libertad y por la democracia.

Fruto de estas propuestas, es el hecho de que cerca de 30 pueblos de la comunidad incluido Madrid capital, tienen un reconocimiento, -un parque, una calle, una plaza, un monumento, un centro de formación, etc.- dedicado a estas víctimas del terrorismo. Por ello, cada año que pasa las personas que militan en CCOO se sienten más orgullosas de haberlos tenido como compañeros.

HACE FALTA IMPUGNAR DIARIAMENTE EL SENTIDO COMÚN DE LOS RECORTES

2012-01-12T02:40:00.000-08:00

Publicado por Toni Salado el 1/04/2012 en su blog:

http://blocpolitikon.blogspot.com/

Antes que nada, feliz año 2012 a todos y todas.

Empezamos un año que se prevé plagado de políticas antisociales y de retrocesos en derechos sociales y nacionales. El PP las aplicará en toda España amparado en su mayoría absolutísima, y CIU las aplicará en Cataluña tras salir reforzada de todo el ciclo electoral, sin que se haya erosionado su base electoral por los recortes sociales ya puestos en marcha.

En todos los encuentros propios de las fiestas navideñas me hacían la misma pregunta: ¿como puede ser que CIU y PP ganen las elecciones si la gente sabe que recortarán derechos? Si la gente dice que no está de acuerdo con los recortes, e incluso se movilizan en contra, ¿por qué no se refleja electoralmente?

Las respuestas son complejas, pero por decirlo raso y corto: la gente no quiere recortes, pero los considera inevitables. La gente reniega de los efectos, pero asume unas causas presentadas por las derechas y sus corrientes de opinión como incuestionables tal y como, por ejemplo, queda reflejado esta semana en una encuesta publicada por el diario conservador La Vanguardia.

Según la encuesta, un 80% cree que los recortes vienen justificados por una caída de los ingresos, y de aquí se pasa a que casi el 77% piensen que el gasto se ha de ajustar a los ingresos, sin que se pregunte sobre como obtener más ingresos ni quienes los han de aportar, o desviando la atención hacia otros temas, como las transferencias fiscales entre España y Cataluña, donde casi un 75% considera que los incumplimientos por parte del gobierno español son relevantes para justificar los recortes, sin que haya ninguna pregunta en cuanto al destino de las partidas que se deben. Y por redondearlo, se sataniza a los gobiernos de progreso como culpables de la situación, una pauta aplicada por CIU con el gobierno catalanista y de izquierdas, y que seguirá el PP con el gobierno Zapatero.

Las derechas han conseguido incorporar en el sentido común de las clases populares la inevitabilidad de los recortes, acompañadas de un sentimiento de miedo y de inseguridad que lleva a la autoculpabilización, a una socialización injusta de los efectos de la crisis, sin cuestionar quien es responsable directo, en qué grado, y quien debe reparar los daños y en qué grado. Se nos iguala en la culpa, se nos desiguala en el castigo. De hecho, las clases populares y trabajadoras habrían de estar exentas de castigo, al no ser responsables de la crisis, mientras que el capitalismo financiero sale indemne, y aprovecha su posición hegemónica para aumentar su dominio en todas las esferas sociales.

Ante este hecho, la izquierda social y política tiene que afinar en su acción cotidiana, si quiere revertir la hegemonía de las derechas. Hasta el momento, hay una movilización intensa por denunciar los efectos de los recortes, especialmente en el ámbito de la Salud, donde se multiplican las iniciativas populares contra los recortes sanitarios. Las ocupaciones de Centros de Atención Primaria, las movilizaciones en los hospitales, y de otras iniciativas son necesarias, y hace falta aumentar su incidencia y presencia, pero a la vez hace falta concienciar sobre las causas, impugnar la lógica que las legitima, que hace inevitables los recortes a los ojos de mucha gente trabajadora. El mantenimiento de los servicios sanitarios es una lucha justa que hace falta acompañar de un discurso que ofrezca razones para demostrar, por ejemplo, que hay maneras de generar ingresos y controlar el gasto para mantener y ampliar los derechos sociales.

En este sentido, las fuerzas políticas de izquierdas, las organizaciones sociales, el sindicalismo de clase, los movimientos sociales como el 15-M, debemos redoblar esfuerzos por conjugar protesta y propuesta. Más que radicalizar las formas de la protesta para aumentar su resonancia, hace falta darle un relato completo, politizarla en el sentido de insertarla en un discurso global que señale las causas y a los principales responsables, los poderes económicos y financieros, además de denunciar a los que ejecutan los efectos, los gobiernos conservadores.

En este 2012 tenemos el reto no sólo de responder a los recortes, sino de impulsar una pedagogía cotidiana ejercida desde la proximidad, articulada en torno a propuestas de mínimos ampliamente acordadas, y expresada con lenguaje propio, que siente las bases de un nuevo sentido común popular, esencial para construir una nueva mayoría de progreso.

MANIFESTACIÓN EL DOMINGO 12 DE FEBRERO DE 2012 EN VILLAR DE CAÑAS CONTRA EL CEMENTERIO NUCLEAR

2012-01-07T03:43:00.000-08:00

LOS CIUDADANOS PODRÁN EXPRESAR SU OPOSICIÓN AL ATC EL DOMINGO 12 DE FEBRERO EN VILLAR DE CAÑAS

La Plataforma contra el cementerio nuclear en Cuenca convocará concentraciones en las plazas de los pueblos y en la capital frente a la subdelegación, todos los jueves a las 8 de la tarde, puesto que considera que todavía se está a tiempo de parar el destino de la basura nuclear

En el salón de actos de Cáritas de la capital conquense más de cuarenta personas en representación de colectivos sociales, sindicatos, organizaciones políticas, concejales y alcaldes de municipios afectados participaron en una reunión convocada por la "Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca" en la que, como principal asunto se aprobó celebrar una concentración en la plaza pública, frente al Ayuntamiento de Villar de Cañas, el próximo domingo 12 de febrero de 2012 a partir de las 12 de la mañana.

Una concentración que será la primera gran iniciativa organizada desde la Plataforma antiATC para visualizar su rechazo al anuncio del consejo de ministros del gobierno del PP de instalar este cementerio nuclear en este municipio manchego de la provincia de Cuenca. “Hemos concluido que no se podía pasar mucho tiempo para expresar nuestra crítica ciudadana a esta imposición unilateral que condena al pueblo, a su comarca y a toda la provincia a un futuro incierto que sólo traerá consecuencias negativas a corto, medio y largo plazo”, declaró María Andrés, portavoz de la Plataforma.

Otro acuerdo que se adoptó fue que a partir de la próxima semana se van a convocar concentraciones todos los jueves a partir de las 20:00 horas de la tarde-noche (a partir del 12 de enero). Concentraciones que, en los municipios que así lo decidan, se realizarán en las plazas de los Ayuntamientos o plazas públicas y en la capital frente a la subdelegación de gobierno en la Plaza de España.

Andrés insistió en que “No se está diciendo la verdad y se están generando falsas expectativas y se está jugando con la desinformación de la sociedad, de la gente que está desempleada y sobre todo de los habitantes de los municipios más próximos. Por eso vamos a redoblar una campaña informativa y desarrollar toda una serie de iniciativas para llegar al máximo número de personas de municipios de nuestra provincia y de provincias limítrofes para explicar realmente que es el ATC. Al tiempo que difundimos la convocatoria del domingo 12 a las 12 en Villar de Cañas”.

“Hay que dejar claro que ni ha existido ni existe consenso social, político e institucional en torno a este asunto ya que éste era uno de los elementos o condiciones claves para tomar la decisión la ubicación del ATC. Queremos desmontar la imagen que se está trasladando por toda España de que todos los conquenses llevamos brindando con champán desde el pasado viernes y embriagados por esta decisión que aún no ha sido publicada en el BOE, y por tanto, todavía no es oficial”, comentó María Andrés, dejando patente la valoración negativa que emanó en la reunión de la Plataforma respecto al tratamiento informativo que por una parte de los medios de comunicación, “sobre todo estatales”, se está dando al tema.

La portavoz de la Plataforma reconoció que la masiva participación de ciudadanos y de representantes institucionales, sociales, sindicales y políticos en la reunión en Cáritas ha sido la primera prueba palpable de que la sociedad civil conquense no se va a quedar parada y va a seguir diciendo no al ATC ni en Villar de Cañas ni en ningún otro lugar. E incidió Andrés en que “una decisión de este tipo, o la de mantener la actividad de la central nuclear de Garoña, deja muy a las claras cual es la apuesta energética de éste gobierno y del PP”.

María Andrés también reconoció que se analizaron las distintas declaraciones que se han realizado tras el anuncio el viernes 30 de diciembre y lamentaron la reacción de entidades como la Cámara de Comercio, la CEOE o la organización agraria ASAJA, que formalmente está integrada en esta Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, pero dijo que en la próxima reunión se abordará esta situación contradictoria, aunque dejo patente que “lo más importante anoche no eran las declaraciones de unos portavoces que tienen una interpretación interesada y sesgada, sino la articulación y preparación de las movilizaciones que darán respuesta a la indignación y máxima preocupación que existe en la Comarca y en toda la provincia y que estamos comprobando desde el día 30”.

De cara a la movilización del día 12 en Villar de Cañas, María Andrés dijo que también contarán con el apoyo de organizaciones de carácter estatal como Ecologistas en Acción, cuyo Coordinador del Área de Energía, Rodrigo Irurzun también estuvo presente en la reunión. Y adelantó finalmente, que esperan que otras plataformas y organizaciones de Castilla-La Mancha estén en Villar de Cañas el domingo 12 de febrero “demostrando que la respuesta es generalizada y que un alcalde y una secretaria no pueden tomar decisiones que incumben a miles y miles de personas de toda la región”.

Las organizaciones presentes actualmente en la Plataforma son 38:A.D.I. Záncara, A.VV. Casa Blanca, A.VV. Pozo de las Nieves (Cuenca), A.VV. San Antón, A.VV. San Fernando, A.VV. Tiradores Altos, Agrupación Naturalista Sparvel, Area de Juventud de IU, ARMH- Cuenca, ASAJA Cuenca, Asociación de Naturalistas Conquenses, ASTAREL, Ayuntamiento de Belinchón, Ayuntamiento de Belmonte, Ayuntamiento de El Hito, Ayuntamiento de Tarancón, Ayuntamiento de Villar de la Encina, Ayuntamiento de Villarejo de Fuentes, CC.OO. (U.P. Cuenca), Ciudadanos por la República de Cuenca, Despensa Natura, Ecologistas en Acción - CLM, Ecologistas en Acción - Cuenca, EQUO, FCPN, La Gavilla Verde, Greenpeace, Grupo Ecologista Universales, IU (Agrupación local de Cuenca), Juventudes Socialistas de CLM, Partido Castellano, PCE de Cuenca, Plataforma Ciudadana Ambiental de Tarancón, PSOE - Cuenca, UGT - Cuenca, Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), UPA Cuenca, Urbanismo Ciudadano.

Fotografías:https://picasaweb.google.com/104911106707567852485/Reunion_4012012#5694082838673872738

Más información:
http://cuencadicenoalcementerionuclear.blogspot.com/
http://noalatc.blogspot.com/

Contacto para los medios de comunicación:
María Andrés (Portavoz de la Plataforma y vecina de Villares del Saz). Teléfono: 630 735 246
Juan Moya (Coportavoz de la Plataforma y vecino de Tresjuncos). Teléfono: 639 119 729

NO SON 2 HORAS MÁS, SON DESPIDOS

2011-09-05T04:18:00.001-07:00

NO SON 2 HORAS MÁS, SON DESPIDOS

ALGUNAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL RECORTE EN CASTILLA-LA MANCHA

¿QUÉ MEDIDAS HA PRESENTADO DE COSPEDAL?

La presidenta de Castilla-La Mancha, Mª Dolores de Cospedal, ha anunciado un recorte en la inversión y el gasto público de nuestra región de 1.800 millones de euros entre 2011 y 2012, una cantidad equivalente al 20% del total de los presupuestos de la Junta de Comunidades. El plan de recorte se llama “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos”.
El Plan incluye medidas de “ahorro” en educación por un valor de 137 millones de euros.
Este ahorro se conseguirá fundamentalmente mediante 3 medidas: el aumento en 2 horas lectivas semanales más al profesorado de la escuela pública; el cierre de 32 de los 33 Centros de Profesores y Recursos que existían; y la eliminación del abono de las vacaciones de julio y agosto para el profesorado interino.

¿POR QUÉ SE PIDE AL PROFESORADO TRABAJAR 2 HORAS MÁS?

La medida del aumento de 2 horas persigue un ahorro económico. Con el aumento de 2 horas los profesores fijos se ocuparán de dar más clases, que antes eran impartidas por los profesores interinos. Así se podrán deshacer de estos últimos. El único objetivo es eliminar profesorado interino para ahorrar sus salarios. Si en Castilla-La Mancha existen unos 35.000 profesores y maestros, y cada uno de ellos realiza dos horas más conseguimos 70.000 horas sobrantes. Si dividimos estas horas entre 20 horas que realiza cada profesor como jornada lectiva nos dará una cifra de 3.500. Por tanto, el exceso de horas podría permitir eliminar 3.500 profesores y maestros interinos que dejarán de ser contratados.
Por lo tanto, el objetivo de la medida no es hacer trabajar 2 horas más sino despedir a miles de trabajadores de la enseñanza y ahorrar sus salarios.

¿LOS PROFESORES TRABAJAN 18 HORAS SEMANALES?

Es totalmente falso que los profesores trabajen 18 horas semanales. Estas 18 horas semanales son las horas de clase, llamadas horas lectivas. El horario de un profesor o maestro son 37 horas semanales. El resto de horas, desde las 18 a las 37, son completadas en sus horarios con horas de tutorías con alumnos, tutorías con padres-madres, guardias en el centro, reuniones de departamentos, sesiones de evaluación, así como las horas necesarias e imprescindibles para la preparación de las clases, actividades, correcciones, seguimiento del alumnado, etc.

¿ES VAGO O INSOLIDARIO EL PROFESORADO DE LA ESCUELA PÚBLICA?

Los que quieren aplicar la medida argumentan que trabajar 2 horas más no es demasiado, o que la mayoría de trabajadores tienen jornadas más largas, están desviando la atención sobre la cuestión real, puesto que el objetivo de la medida no es hacer trabajar 2 horas más, sino que el objetivo es poder despedir profesorado interino para ahorrar dinero. Por tanto, el dilema no está entre 2 horas más o 2 horas menos sino entre despedir o no despedir.
Lamentablemente, todo este argumentario encuentra el terreno abonado entre una parte de la ciudadanía, ya que durante muchos años desde algunos sectores se ha lanzado una campaña de desprestigio hacia los trabajadores de los servicios públicos.

Afortunadamente la mayoría del profesorado se opone a esta medida por dos motivos: porque no quiere el despido de ningún profesor y porque la medida va a deteriorar gravemente la enseñanza pública.
Por tanto, no es que los profesores no quieran trabajar 2 horas lectivas más sino que se oponen al despido de compañeros y defienden una enseñanza pública de calidad.
Sobre la solidaridad del profesorado en estos momentos de crisis económica, hay que recordar también que desde mayo de 2010 el Gobierno aplicó un recorte del 7% en los salarios, recorte que sigue aplicándose actualmente con la congelación de los mismos.

¿AFECTA ÉSTO AL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS?

La medida del aumento de 2 horas lectivas hace aumentar la carga de trabajo del profesorado. La jornada de 37 horas semanales no aumenta, por lo tanto el aumento de 2 horas lectivas eliminará de los horarios otras tareas como horas de atención a alumnos, horas de atención a padres-madres, tutorías, horas dedicadas a alumnos con dificultades de aprendizaje, etc.
El aumento de horas lectivas dificulta al profesorado realizar el proceso de enseñanza en óptimas condiciones. Tendrá menos tiempo real para la atención al alumnado y a las familias. Por tanto, serán el alumnado y las familias las que se verán perjudicadas y se reducirá la calidad de la enseñanza pública.

¿CÓMO AFECTAN ESTAS MEDIDAS A LOS JÓVENES?

Repetimos que el aumento de horas se aplica para conseguir eliminar profesorado interino. Por lo tanto, esta medida impedirá a miles de jóvenes entrar a trabajar en su profesión vocacional, para lo cual llevan preparándose duramente durante muchos años. Se cierra así una puerta más a los jóvenes de nuestra región, en un momento en que sufren unas tasas de paro del 50%, con un mercado de trabajo casi totalmente paralizado.
Además, entre las medidas del Plan de recorte se incluye la congelación de todas las ofertas de oposiciones de empleo público y la prohibición de contratación de interinos. Es una lamentable noticia para los jóvenes que no van a poder entrar a trabajar en el sector público. Recordemos que España es uno de los países de la Unión Europea con menor número de empleados públicos, tanto en número como en proporción a la población. Además de que en España existe un gran déficit social, siendo de los países con menor inversión en los servicios públicos como educación, sanidad o servicios sociales.

¿DESPEDIR PROFESORADO NOS AYUDA A SALIR DE LA CRISIS?

Repetimos que el aumento de horas persigue el despido de profesores interinos. Esta es una medida antieconómica, es decir, es contraria al crecimiento económico. El ahorro de salarios en profesorado va a conllevar un gran gasto en prestaciones por desempleo, con lo cual quedará compensado e inutilizado el supuesto ahorro de dinero público. Además, la destrucción de empleos conllevaría una reducción en el consumo privado de estos trabajadores y sus familias, lo cual afectaría negativamente a todos los sectores de empresas privadas de nuestra región, generándose un bucle antieconómico que puede generar destrucción de empleo también en las empresas privadas.
Hay que recordar que el Plan de recorte también incluye otras medidas antieconómicas, como por ejemplo el recorte en inversión para la construcción de infraestructuras, con un recorte de inversión de 250 millones de euros, con lo cual quedará más perjudicado el sector de la construcción y todos los sectores afines a éste.

¿NO HAY OTRA ALTERNATIVA?

El Plan de recortes viene acompañado de algunos argumentos falsos. Se repite una y otra vez que no hay otra alternativa a este Plan. Pues bien, es totalmente falso que no exista otra alternativa y veremos porqué. Además, dentro del Plan podemos encontrar algunas medidas que podemos considerar como positivas, pues suponen un ahorro basado en la utilización eficiente de los recursos públicos sin tener como consecuencia destrucción de empleo o deterioro del servicio. Por tanto, primero hemos de decir que apoyamos la existencia de un Plan de ahorro pero que no contenga medidas que supongan destrucción de empleos o deterioro de los servicios públicos.
El Plan de ahorro presentado por De Cospedal está basado en un 95% en un recorte de gasto, y solo en un 5% en un aumento de ingresos. Se dice que solo es posible ahorrar reduciendo los gastos. Claramente este argumento es falso, puesto que también se puede ahorrar aumentando los ingresos.
A título de ejemplo se podría volver a implantar determinados impuestos que se eliminaron en 2007, como por ejemplo el Impuesto sobre el Patrimonio, el cual solo lo pagaban las personas con un patrimonio superior al millón de euros. Con este impuesto se recaudaban en España anualmente 2.000 millones de euros, cifra suficiente para hacer innecesarios los recortes en educación. A nivel general, podemos decir que se debe realizar una reforma fiscal de carácter progresiva, es decir, para que paguen más los que más tienen, que incluya la recuperación de impuestos eliminados o casi eliminados (como el Impuesto sobre el Patrimonio, o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), así como un plan de afloramiento de la economía sumergida. Estas serían medidas que permitirían el ahorro, mediante el aumento de ingresos, pero que no afectarían negativamente a la inmensa mayoría de los ciudadanos.

¿EL RECORTE ES INEVITABLE POR LA HERENCIA RECIBIDA DEL ANTERIOR GOBIERNO?

No es nuestro cometido discernir qué herencia ha recibido este gobierno, ni qué hicieron los anteriores. Es un dato objetivo que el Plan de recortes surge en un contexto de gran déficit en nuestra región. Pero aplicar recortes en educación y despedir a profesores interinos es una decisión política, y como tal solo podría rectificarse y retirarse por quienes nos gobiernan. Ya hemos visto antes que es posible aplicar otras medidas de ahorro, mediante el aumento de ingresos, que harían innecesarios estos recortes traumáticos e ineficaces. Sin tener en cuenta cuestiones electoralistas concluimos que la decisión del recorte en educación y el consiguiente despido de profesorado es una decisión ineficaz (porque va a ocasionar un gran gasto de dinero público en prestaciones por desempleo), innecesaria (porque se puede ahorrar mediante el aumento de ingresos), injusta (porque los trabajadores de la enseñanza no son culpables de la crisis ni del déficit, y ya han contribuido reduciéndose y congelando su sueldo) y perjudicial para nuestro sistema educativo público y toda la sociedad castellano-manchega.

HABLA BAYLOS...EL ESTADO SOCIAL Y EL LIMITE AL DEFICIT PUBLICO

2011-08-31T03:34:00.000-07:00

Publicado en el blog de Antonio Baylos, http://baylos.blogspot.com/ ,el 28 de Agosto de 2011.

Sorprendido el titular de este blog mientras realizaba sus tareas cotidianas en la cocina veraniega que caracteriza las vacaciones junto al mar por el anuncio de una reforma constitucional de tremendo calado, y después de leer la estupenda reflexión crítica que sobre este tema ha realizado Rafael Escudero en el diario "Público" de 24 de agosto, ha escrito el siguiente comentario que pretende hacerlo circular por si algún diario de ámbito y tirada nacional le apetece publicarlo. De momento, lo hace en el blog, en rigurosa primicia, para los lectores consumados del mismo, incluso en los calores estivos del verano.

Las constituciones democráticas promulgadas en Europa tras la desaparición de los regímenes fascistas parten del reconocimiento del poder constituyente como momento fundante del sistema democrático en un doble sentido, como rechazo del autoritarismo político y social del fascismo, y como pacto o compromiso constituyente refundador del Estado y de la convivencia civil. Este consenso constituyente no sólo abarca a los partidos políticos, sino más en general a los sujetos sociales portadores de un proyecto de sociedad y al conjunto de la ciudadanía que está convocada a participar en esta definición constitucional a través de la consulta popular o refrendaria. La constitución de un país requiere por tanto un amplio debate que culmina en un consenso entre diferentes líneas ideológicas y culturales que se replican en las diferentes fuerzas políticas que coinciden en este diseño. Eso explica la “rigidez” constitucional del constitucionalismo moderno, que prevé un procedimiento especial agravado para la reforma de la Constitución y la instauración de un control de constitucionalidad de las leyes a cargo de la jurisdicción ordinaria y, en última instancia, por el Tribunal Constitucional.

Esta posición especial de la Constitución como “un sistema de meta-reglas destinada a todos los poderes públicos, como garantía de los derechos de todos” (Ferrajoli) resulta claramente alterada por el proyecto de reforma propuesto por el gobierno y aceptada por el PP del art. 134 de la Constitución para imponer un techo al déficit público del 0,40% del PIB infranqueable por las estructuras del Estado y sus respectivas Administraciones, que entraría en vigor el año 2018. Al parecer se trata de una medida que será bien recibida por “los mercados” cuando renegociemos la deuda española a comienzos de octubre, y que ha sido recomendada por los gobiernos francés y alemán bajo el atractivo nombre de “regla de oro”. Como medida de política económica europea, se trata de una decisión muy ligada a la ortodoxia neoliberal, que al estar desvinculada de otras medidas económicas en el espacio europeo, como la reforma fiscal, el control de los mercados financieros, la creación de eurobonos y tantas otras modificaciones imprescindibles para configurar una verdadera política económica y fiscal común – siempre dentro de la lógica del capitalismo en la era de la globalización, por cierto - , coloca a España en una situación de desigualdad permanente en un equilibrio asimétrico de la llamada “gobernanza” europea. Pero además de ello, la imposición de un techo constitucionalmente definido al déficit público confunde lo que puede tratarse de una medida de política económica coyuntural frente a la crisis – o frente a la valoración de los mercados financieros de la deuda soberana – con la constitución de un proyecto permanente de regulación social y civil. Como medida de política económica – al margen de las críticas absolutamente generalizadas y razonables a la misma – la obsesión por reducir el déficit público sólo puede formalizarse en una ley, pero nunca integrar el marco constitucional de un Estado social y democrático de derecho.

Porque las consecuencias de insertar esta medida en el texto constitucional no se han valorado convenientemente. Desvirtúa directamente el modelo social y político por el que optó nuestra Constitución de 1978. Y no está originado, como la reforma de 1992 del art. 13 CE, por un cambio en la regulación constitucional europea y ampliar el derecho de voto a los ciudadanos de la Unión Europea. Ni el Tratado de Lisboa ni la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, avalan esta medida, antes bien, mantienen la capacidad derivada del principio de subsidiariedad para que los Estados puedan cumplir por si solos las políticas sociales y los fines de protección de los derechos de libertad, igualdad y solidaridad que constituyen ese acervo democrático común europeo, el llamado “modelo social europeo” que descansa en las constituciones sociales de sus estados miembros.

La limitación del déficit público en los términos pactados está directamente relacionada con la cláusula social del art. 1.1 de la Constitución española, y esta a su vez con el art. 9.2 del mismo texto constitucional que obliga a los poderes públicos a una labor permanente de eliminación de las situaciones de desigualdad económica, social y cultural que dividen y fragmentan a los ciudadanos de un país. Al establecer de forma general y absoluta una prohibición para todos los organismos y administraciones del Estado de endeudarse más allá del 0,40% del PIB, está condenando a la inmovilidad a una buena parte de la acción de las políticas públicas de igualdad y de nivelación social. Con ello está impidiendo en la práctica la satisfacción eficaz de muchos derechos sociales reconocidos en la constitución para que se materialicen en la acción pública y no para que se les considere piezas declamatorias sin resultado real alguno en razón de una regla “técnica”, la imposibilidad de utilizar recursos presupuestarios públicos para poner en práctica actuaciones de nivelación social constitucionalmente garantizadas. El proyecto de reforma constitucional diseñado reconoce explícitamente la repercusión negativa de esta regla “neutra” sobre la cláusula social del art. 1.1 CE al prever como excepción el pago de prestaciones sociales como la del desempleo, estado de necesidad que tiene que ser protegido por la acción de los poderes públicos, como tantos otros derechos sociales a la protección social frente a la vejez o la invalidez, la salud, pero también la educación, la vivienda, el trabajo. En definitiva, el techo constitucional al déficit público afecta directamente a la función del Estado social, porque niega a los poderes públicos uno de los mecanismos importantes para encarar en un momento histórico determinado compromisos sociales que se han reconocido como derechos que requieren de la actividad prestacional del Estado y de las Comunidades Autónomas para su materialización efectiva. El caso de la dependencia parece suficientemente emblemático al respecto.

Pero además la reforma constitucional, cuya proposición de ley se registrará esta semana, para que el Congreso pueda aprobar el 30 de agosto su remisión al senado el 1 de septiembre, donde previsiblemente en una semana se adoptará sin problemas (¿?) el texto de la misma, busca expresamente que no haya ningún debate público sobre el contenido y las consecuencias de la misma. Eso implica que un cambio en la Constitución de una nación se pueda realizar en vacaciones, sin que los ciudadanos puedan ni siquiera reaccionar ante una modificación extremadamente importante de las condiciones de su convivencia social, y sin que desde luego éstos puedan participar mediante su voto en la aceptación o el rechazo de tal medida. Se llama “reforma constitucional express”, pero ese término no oculta su vocación antidemocrática. De esta manera en efecto se está vulnerando una regla básica del estado democrático de derecho al impedir conscientemente un debate público y ciudadano sobre un asunto de interés general con incidencia inmediata en la validez de las políticas públicas sociales y sobre la propia eficacia de los derechos sociales y colectivos. Es una reforma que sofoca la democracia y desconfía claramente del fundamento democrático y popular que sostiene el andamiaje de nuestra Constitución.

La reforma no puede prosperar por lealtad constitucional. Que no impone sólo el respeto a la unidad de España y a sus instituciones simbólicas, sino el más escrupuloso cumplimiento de las garantías democráticas y la preservación obligada de la función del Estado social como legitimación de la propia convivencia ciudadana. Los propios partidos políticos proponentes – PP y PSOE – pero fundamentalmente este último, que ha mantenido la superioridad de la constitución sobre las actuaciones políticas partidistas, deben revisar su postura. En el parlamento, los grupos minoritarios, tanto de izquierda, como nacionalistas, y una parte importante del propio grupo socialista, deberían manifestar su oposición a esta reforma por lealtad constitucional. Felizmente algunos – muy pocos, para consternación de los demócratas – ya lo han hecho. Hay que esperar que sigan aumentando las voces de oposición.

Pero el debate no es sólo parlamentario ni se puede encerrar en el circuito político-electoral. Los sindicatos como expresión potente del interés colectivo de los trabajadores y de la mayoría de la ciudadanía social, tienen que exigir de forma contundente al gobierno un paso atrás sobre esta decisión antidemocrática y antisocial que rompe el consenso constituyente del texto de 1978 que tanto sufrimiento costó a varias generaciones de trabajadores y trabajadoras españolas que con su lucha permitieron la instauración de una democracia. Y los fenómenos colectivos de agregación de intereses ciudadanos difusos que se están expresando en movimientos tan decisivos como el 15-M, tienen que redoblar su presión contra este auténtico golpe de mano contra el estado social y democrático que los españoles decidimos mayoritariamente como forma de regular las relaciones sociales de nuestro país. Por lealtad constitucional, todos estamos implicados y comprometidos en el rechazo de esta reforma vergonzante y vergonzosa de la Constitución.

Todavía no está cerrado el acuerdo de pensiones

2011-01-27T02:02:00.000-08:00

Según algunos medios de comunicación, ya existe acuerdo de pensiones entre Gobierno, patronal y sindicatos más representativos. Según la web del sindicato Comisiones Obreras, a lo largo de la mañana de hoy siguen las negociaciones, y en todo caso, el acuerdo final habrá de ser aprobado por su Consejo Confederal el próximo 1 de febrero.

La medida que más ha dado que hablar ha sido la del retraso de la edad de jubilación obligatoria hasta los 67 años.
En los últimos días y horas parece que esta propuesta del Gobierno está siendo modificada. Según las últimas informaciones la jubilación, con el 100% de lo cotizado, será a los 67 años para aquellos trabajadores que no hayan cotizado más de 38 años y medio a lo largo de su vida laboral.
Queda pendiente de aclarar multitud de aspectos que pueden hacer variar esta situación según las circunstancias personales de cada trabajador, según los años cotizados y su edad.
Según estos medios de comunicación, con más de 38 años y medio cotizados nos podremos jubilar con el 100% de lo cotizado a los 65 años. Hasta ahora eran necesarios 35 años para jubilarse con el 100% a los 65.
Pero parece que no va a ser obligatorio jubilarse a los 67 años si no se alcanzan los 38 años y medio cotizados sino que habrá reducciones en la pensión. Por tanto, la jubilación antes de los 67 será posible pero con una pensión menor. Incluso se podrá seguir solicitando la jubilación anticipada voluntaria a los 63 años, antes era a los 61, con un mínimo de años cotizados.

Quedan pendientes informaciones muy importantes. Sobre todo la que nos indique como calcular la pensión de jubilación, que hasta ahora se miraban los últimos 15 años cotizados, y parece que esto se ampliará hasta los 20 años. Este hecho es importante porque puede provocar importantes reducciones en las cuantías de las pensiones que cobraremos los trabajadores.

¿NEGOCIACIÓN vs. HUELGA GENERAL? FALTAN EXPLICACIONES

2011-01-21T02:44:00.000-08:00

Cierto desasosiego remueve a las “bases” del sindicalismo confederal. Hemos llegado a un nuevo panorama de negociación pura entre Gobierno y sindicatos, y ahora parece que en serio, la Patronal. Incluso se presiona a los partidos políticos para que participen del proceso.

Este nuevo escenario ha llegado tres meses después de la Huelga General del 29 de septiembre. Quizás haya llegado, en parte como resultado de las distintas movilizaciones protagonizadas por los grandes sindicatos de este país que culminaron en la Huelga General. Puede que también el partido en el Gobierno se haya dado cuenta que las encuestas no cambian a mejor, y quizá esté enmendando algo del camino trazado desde mayo del año pasado, como intento de reencontrarse con su electorado de izquierdas. O puede que todo acabe siendo un espejismo, un nuevo barniz democrático a decisiones ya tomadas.
Puede ser que toda esta negociación acabe en un anteproyecto de ley que los sindicatos confederales no apoyen, y que el rodillo neoliberal del partido del Gobierno se imponga, otra vez, recortando derechos y esta vez debilitando el pilar más importante de nuestro estado social, la Seguridad Social.

Sinceramente, aunque no está el campo para vaticinios, la correlación de fuerzas no está para echar cohetes. Pero sí que puedo afirmar que está faltando pedagogía por parte de los sindicatos. Es necesario una mayor clarificación de los objetivos, de cuál es la nueva situación que permite lanzarse a una negociación tan amplia y ambiciosa. Evidentemente, no estoy pidiendo que los negociadores enseñen todas su cartas, pero que nos expliquen a qué estamos jugando.

También es cierto que en un panorama en el que la izquierda política, la izquierda “de verdad”, está tan ausente, tan carente de fuerzas, de ideas o capacidad para presentarse como una alternativa a las reformas antisociales, en este panorama, el sindicalismo está ocupando ese lugar, está convirtiéndose en la única voz y fuerza social, con sus limitaciones, con capacidad para oponerse al discurso neoliberal.
Sumemos pues nuestra pequeña voz a esa corriente. Reclamemos también una mejor explicación del proceso negociador actual. Y como siempre, pongámonos en la peor de las situaciones, engrasemos nuestra maquinaria democrática, por si no nos dejan otro camino que oponernos mediante la movilización social.

ABARATAR EL DESPIDO: LA FÓRMULA DEL GOBIERNO PARA CREAR EMPLEO

2010-04-21T09:21:00.000-07:00

El Gobierno ha hecho una propuesta a sindicatos y patronal para reformar el mercado de trabajo y facilitar la creación de empleo. Aunque en su propuesta de este mes de abril hay aspectos poco claros, sí que hay una medida que sobresale claramente: Abaratar los costes del despido como fórmula para crear empleo.

La propuesta es extender el modelo de contrato con menor indemnización por despido (33 días) a todos los trabajadores. Y además que el Estado pague una parte (aún por determinar) de las indemnizaciones por despido. Es decir, extender un contrato con menores derechos a más trabajadores, y por otro lado, que a través de más impuestos o desviando gasto social paguemos entre todos parte de las indemnizaciones por despido a la que están obligados los empresarios. Dos medidas para abaratar los costes del despido, es decir, para facilitar el despido. Y ésto como fórmula para crear empleo.

¿Qué es el contrato de fomento de la contratación indefinida?

La propuesta principal consiste en reformar el actual Contrato de fomento de la contratación indefinida. Actualmente este contrato indefinido otorga subvenciones a los empresarios que lo utilicen para contratar a determinados colectivos de población: jóvenes entre 16 y 30 años, mujeres en general, mayores de 45 años, personas que llevan más de 6 meses en paro, personas con discapacidad, y algunos más. La bonificación en las cotizaciones que paga el empresario a la Seguridad Social llega, en el caso de contratar a un joven de 16 a 30 años, a descontar de las cotizaciones realizadas 800 euros al año durante un período de 4 años, es decir, 3.200 €.

Además, cuando se despide a un trabajador que tiene este contrato indefinido la indemnización que hay que ofrecerle es menor que la que se da en un contrato indefinido normal. En el contrato indefinido ordinario la indemnización es de 45 días de salario por año trabajado con un máximo de indemnización de 42 mensualidades. Con el contrato de fomento de la contratación indefinida la indemnización es de 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades.

Pongamos un ejemplo para ver la diferencia: un trabajador tiene un salario mensual bruto de 1.200 € y lleva 5 años trabajando en la empresa cuando lo despiden de manera improcedente. Si este trabajador tuviera un contrato indefinido ordinario o normal recibiría una indemnización por despido de 9.000 €. Pero si tiene un contrato indefinido bonificado la indemnización será de 6.600 €.

¿Qué cambios en el despido propone el Gobierno?

El Gobierno propone extender la utilización de este contrato indefinido bonificado, no sólo a los colectivos antes descritos, sino a cualquier trabajador. Básicamente el único colectivo al que no se le podía contratar bajo esta modalidad eran los hombres entre 30 y 45 años.
Por tanto la propuesta es poder utilizar un contrato indefinido con una indemnización de 33 días por despido improcedente a todos los trabajadores, generalizarlo.

Esto iría ligado a cambios para que los empresarios puedan utilizar este contrato y despedir sin motivo con facilidad. Hasta ahora la indemnización de 33 días sólo se aplicaba si el despido del trabajador era un despido por causas económicas de la empresa y era declarado improcedente, sino el despido no se hacía así correspondía la indemnización de 45 días a pesar de ser un contrato bonificado. Pero el Gobierno propone que también se dé esta indemnización de 33 días cuando el despido sea un despido disciplinario improcedente, es decir, falso o sin causa. Al fin y al cabo facilitar y quitar trabas legales para que los empresarios no tengan reparos en utilizar este contrato, para que vean que van a poder despedir con libertad, sin control judicial o sindical, y pagando menos que antes.
Esta medida puede provocar un efecto de sustitución de los contratos indefinidos existentes por otros más baratos, y no de una disminución del uso de la contratación temporal ya que no se quiere penalizar y controlar su abuso.

¿Cómo abaratar el despido sin “eliminar derechos de los trabajadores”?: Pagando los despidos entre todos

En febrero de este año, el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero en rueda de prensa después de consejo de ministros hizo unas declaraciones poco claras. Recuerdo que anunció que el Gobierno iba a facilitar la utilización del contrato indefinido, reduciendo los costes al empresario, pero que los trabajadores en ningún caso verían reducidos sus derechos. La cuadratura del círculo, ¿cómo pretenderán hacerlo? Pues muy sencillo: los días de indemnización que recibe el trabajador no se reducen, pero de lo que recibe el trabajador una parte la vamos a pagar entre todos y no el empresario, con más impuestos, o bien desviando gastos actuales para subvencionar al empresario que despida.

Esta propuesta del Gobierno es que una parte de las indemnizaciones que dan los empresarios a los trabajadores que despiden sea pagada por el Estado. Se haría en los despidos objetivos y colectivos (ERE), es decir, despidos por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción.
El empresario despide, el trabajador recibe la indemnización que le corresponde, pero una parte de esa indemnización la asume el Estado. Según el Gobierno esto es “reducir costes del despido sin afectar los derechos de los trabajadores”. Sin duda, el derecho a cobrar la indemnización no se toca, pero será a través de los impuestos directos e indirectos, entre todos, con los que se subvencionará los despidos de los empresarios.

Sin duda el Gobierno está cayendo en el discurso neoliberal que argumenta que para crear empleo las leyes o derechos laborales de los trabajadores son negativos, que hay que desregular para facilitar la creación de empleo.
Además enmarca estas propuestas de abaratamiento del despido para los empresarios como una manera de reducir la distancia entre temporales y fijos. Pero la distancia entre fijos y precarios la quiere acortar reduciendo los derechos de los trabajadores indefinidos. Quizás el camino correcto y que beneficia a los trabajadores sería el de mejorar las condiciones de los temporales, y desincentivando al empresario a utilizar contratos temporales a través de mayores costes, de cotización, de indemnización por despido o de salario mínimo.

Objetivamente, la desregulación y el abaratamiento del despido provocan una mayor facilidad de despido y por tanto mayor destrucción de empleo. Subjetivamente se podría argumentar que el empresario tendrá menos reparos en contratar indefinidamente a alguien si luego va a ser más barato deshacerse de él cuando quiera. Pero creo más acertado pensar que hoy día el empresario medio, el de la pequeña empresa, el autónomo y el del pequeño comercio, no van a tomar la decisión de contratar a un trabajador por el mero hecho de que después vaya a ser más barato deshacerse de él. Contratarán, con la modalidad que sea, cuando vean que lo que produzca ese trabajador va a ser vendido o servido, es decir, cuando aumente su demanda.

La propuesta del Gobierno es fomentar la creación de empleo a través de minorar los derechos de los trabajadores y reduciendo los costes salariales del empresario, para crear puestos de trabajo que en un futuro serán más fáciles de destruir que hoy.

¿QUÉ ES EL ATC O CEMENTERIO NUCLEAR?

2010-04-21T09:07:00.000-07:00

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REFORMA LABORAL. PROPUESTAS Y MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA REFORMAR EL MERCADO DE TRABAJO (ABRIL 2010)

2010-04-19T03:30:00.000-07:00

El Gobierno del PSOE ha planteado, en fecha 12 de abril de 2010, un documento a sindicatos y patronal con una serie de propuestas de reforma del mercado de trabajo. En el documento de 14 páginas existen muchas divagaciones, pocos aspectos claros y concretos.

La dirección de las propuestas son: Abaratamiento de los costes de despido para el empresario; Rebaja de las cotizaciones sociales a empresarios a través de bonificaciones por contratación; Introducción de la empresa privada en los Servicios Públicos de Empleo; ETT en la Administración Pública y la Construcción; Menos derechos para los contratos formativos de los jóvenes; No penalización a los contratos temporales.

Las propuestas concretas y algunas de las líneas marcadas por el Gobierno recogidas en el documento son las siguientes:

1) COMO POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE LA DUALIDAD EXISTENTE ENTRE TRABAJADORES TEMPORALES Y FIJOS.

-Ampliar la utilización del Contrato indefinido con indemnización por despido de 33 días de salario por año trabajado con un límite de 24 mensualidades a cualquier trabajador. Los empresarios podrán utilizar esta modalidad para contratar a cualquier trabajador, recibiendo subvenciones por ello. Se fomenta este contrato en lugar del contrato indefinido ordinario que tiene una indemnización de 45 días de salario por año trabajado con un límite de 42 mensualidades.

-Pago por parte del Estado de una parte de las indemnizaciones por despido que realicen las empresas por motivos económicos, como otra fórmula añadida para abaratar costes de despido.

-No aumentar la indemnización por finalización de los contratos temporales, que hoy es de 8 días de salario por año trabajado, ni aumentar los porcentajes de cotización a la Seguridad Social que pagan los empresarios al utilizar contratos temporales.

-Introducir reformas en la legislación laboral para clarificar las causas por las que se puede utilizar un contrato temporal.

-Aumentar las bonificaciones a los empresarios que utilicen el contrato a tiempo parcial, eliminando la posibilidad de realizar horas extraordinarias a estos trabajadores.

2) COMO POLÍTICA PARA FAVORECER EL EMPLEO DE LOS JÓVENES.

-Aumentar las subvenciones o bonificaciones a los empresarios que contraten a jóvenes entre 16 y 30 años.
-Aumentar las bonificaciones para convertir contratos formativos en contratos indefinidos.
-Aumentar la edad máxima con la que un trabajador puede ser contratado mediante un contrato para la formación hasta la edad de 24 años. Eliminación total de cotizaciones de empresarios y trabajadores a la Seguridad Social al utilizar el contrato para la formación.
-Eliminar la obligación que tenían las empresas de impartir formación teórica a los trabajadores con contrato para la formación. Ahora esa formación la impartirá y costeará el Estado.
-Crear un Plan de Empleo específico para jóvenes entre 16 y 24 años sin titulación académica.
-Subvencionar a las empresas que acojan a jóvenes entre 16 y 24 años sin formación para que trabajen realizando “prácticas”. Los jóvenes recibirán una beca mensual.

3) COMO POLÍTICA PARA MEJORAR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO.

-Autorizar a agencias privadas de colocación con ánimo de lucro a participar en la intermediación laboral, gestionando ofertas de trabajo del Servicio Público de Empleo.
-Mantener el número de orientadores contratados a partir del Plan extraordinario de 2008.
-Autorizar a las ETT (Empresas de Trabajo Temporal) a que puedan realizar sus actividades de cesión de trabajadores en sectores que hasta ahora estaban prohibidos, principalmente la Administración Pública y la Construcción.

4) COMO POLÍTICA DE REVISIÓN DE LAS BONIFICACIONES A LA CONTRATACIÓN.

-Eliminar parte de las bonificaciones a los empresarios que contrataban a determinados colectivos, para concentrarlas en dos colectivos: jóvenes de 16 a 30 años y mayores de 45 años, manteniendo las bonificaciones para las personas con discapacidad.

5) COMO POLÍTICA DE AJUSTES TEMPORALES DE EMPLEO.

-Otorgar ayudas económicas y bonificaciones (de más del 50%) de las cotizaciones empresariales a las empresas que realicen suspensión de contratos o reducciones de jornada de sus plantillas, en lugar de extinciones de contratos. Reforzando los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) temporales o de reducción de jornada frente a los ERE extintivos.

De las propuestas hay que destacar como muy negativo que la única propuesta para mejorar el funcionamiento del Servicio Público de Empleo y la intermediación laboral sea introducir empresas privadas en el mismo. ¿Acaso creen que lo público es ineficiente por naturaleza? La gestión de las ofertas de trabajo del Servicio Público de Empleo por parte de empresas privadas y la ampliación de la actividad de las ETT a los sectores en los que no podían hacer negocio, la Administración Pública o la Construcción, son las propuestas más negativas. Las otras propuestas a nivel general son de una visión liberal, basadas en reducir los costes de despido de las empresas o rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social a través de bonificaciones, como fórmula para fomentar la creación de empleo. Además parte de ese ahorro de las empresas será repercutido en la población en general, con mayores impuestos o menores recursos destinados a gasto social.
Es muy negativo que no se contemplen medidas concretas para atajar la temporalidad en los contratos, uno de los principales problemas del mercado laboral: por ejemplo a través de unos mayores de costes de cotización, de indemnización por finalización o de salario mínimo superior. O limitando el número de encadenamiento de contratos temporales en cada puesto de trabajo y no por persona.
También es muy negativo fomentar la utilización de los contratos formativos para los jóvenes sin ninguna propuesta clara de mejora de sus condiciones, todo lo contrario. Sería positivo fomentarlo pero con la obligación, de empresario y trabajador, de cotizar a la Seguridad Social para que los jóvenes tengan derechos al terminar esos trabajos: derecho a la prestación por desempleo, cotización para la jubilación futura, incapacidades, etc.

Como medidas positivas hay que destacar el fomento de la utilización en las empresas con dificultades de la suspensión del contrato o la reducción de jornada como fórmula alternativa al despido, aunque es una medida que llegará “un poco tarde”. También es positivo el planteamiento de un Plan de Empleo específico para jóvenes sin formación, aunque no hay cantidades concretadas.
<---Segunda parte del texto --->

GARZON: HACER JUSTICIA Y CUMPLIR LA LEY

2010-04-14T05:30:00.000-07:00

Creo que los hechos son bastante conocidos. El Tribunal Supremo puede apartar de su puesto de trabajo a un juez por intentar investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista. A este juez, se le imputa un delito de prevaricación, por intentar investigar unos delitos que por ley quedaron impunes. El juez que abrió la investigación acusaba a Franco y a otros 44 miembros de sus Gobiernos y miembros de Falange de delitos contra Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno, y detención ilegal con desaparición forzada de personas en un marco de "crímenes contra la humanidad".
La Ley de Amnistía de 1977 estableció que no se podía juzgar a los responsables de asesinatos y torturas cometidas durante la etapa franquista.

El juez que presuntamente incumple esa ley e intenta juzgar unos hechos para los que no tiene competencia es el juez Baltasar Garzón. Sí, el mismo que ha destapado el caso Gurtel, la trama de corrupción conocida más importante dentro de las filas del Partido Popular.

Quienes están a favor del enjuiciamiento de Garzón dicen que un juez no puede estar por encima de la ley, que la ley de Amnistía debe ser respetada y cumplirse como todas las leyes. Según ellos ésta es la única razón y motivación por la que se quiere inhabilitar al juez Garzón. Recordemos que la imputación del delito a Garzón proviene de una denuncia presentada por Falange y Manos Limpias, o sea, la extrema derecha.

Pero, ¿es realmente este el motivo? Imaginemos que llega un día futuro en el que un Gobierno español acepta el abandono de las armas de ETA, su autodisolución, y como medida de reconciliación se dicta una ley por la que los miembros de ETA no podrán ser juzgados por los delitos cometidos con anterioridad. Es decir, una ley de amnistía para presos y miembros de ETA, para “pasar página”. ¿Cuál sería entonces la opinión de los que hoy atacan ferozmente al juez Garzón? ¿Sería entonces justa y legítima esa ley? ¿Aquí no se hablaría de reconciliación y de cerrar heridas del pasado?

Sin duda el objetivo de quienes atacan al juez Garzón no es defender la Democracia, la Justicia y la Ley. Su objetivo es evitar la investigación de los crímenes del franquismo, y también deshacerse de un juez incómodo que está destapando numerosos casos de corrupción política.

Los que realmente creen en la Justicia, en la Democracia y en la Ley, nunca pueden aceptar que ningún delito quede impune. Sea quien sea el que lo haya cometido. Si hay delito lo justo y ético sería investigarlo. La ley internacional impide amnistiar los crímenes más graves en derecho internacional, por mucho que así lo decidieron normas nacionales. Y no puede existir una ley que exima a determinadas personas de quedar impunes ante asesinatos, y menos ante un genocidio. No puede quedar impune un genocidio, un exterminio sistemático de ciudadanos españoles como el que planificó y desarrolló la dictadura franquista durante su existencia, por sus ideas políticas o de sus familiares, por su orientación sexual, etc.

En otros países como Chile o Argentina, que también sufrieron dictaduras que cometieron graves crímenes, hace tiempo que se comenzó a juzgar a los responsables de los delitos. También existían en estos países leyes de amnistía o leyes de punto final que impedían la investigación de los genocidios cometidos. Pero se ha pasado por encima de esas leyes para hacer Justicia.

En España, en cambio, con su “modélica transición”, después de más de tres décadas de Democracia y Constitución los crímenes de la dictadura franquista siguen impunes. Creo que ya es hora de hacer justicia.

Para leer:
Los testigos de Garzón que Varela se niega a escuchar

JUZGAR LOS CRIMENES DE LA DICTADURA FRANQUISTA: SOLIDARIDAD CON EL JUEZ GARZÓN

2010-02-24T09:33:00.001-08:00

MANIFIESTO POR UNA MEMORIA SIN FRONTERAS

SOLIDARIDAD CON BALTASAR GARZÓN

Contra el inaceptable acoso al juez de la Audiencia Nacional

A quienes tuvimos el privilegio de participar en la transición hacia las libertades, nos quedan aún dos obligaciones por cumplir.
La generosidad de aquella generación en el camino hacia la democracia relegó la reparación hacia las víctimas de la violencia durante y después de la guerra incivil. Lo que es aún más grave, olvidamos ofrecer la misma sepultura en campo sagrado a una parte de las víctimas de aquella matanza. Para que pudieran, por fin, descansar en paz.
La otra obligación también es perentoria. No podemos dejar de pasar el testigo de la Historia a la generación de nuestros jóvenes. Es un deber ineludible transmitirles los valores y actitudes por las que fueron sacrificados aquellos hombres y mujeres, cuyo ejemplo nos inspiró en la lucha por recuperar las libertades.
En la memoria residen, a nivel colectivo e individual, las claves de su propio pasado y la experiencia decisiva para establecer su conducta presente y futura, y sus compromisos morales.
Por estas razones, entre otras, consideramos inaceptable el acoso al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, denunciado por aplicar la justicia democrática a los restos materiales y morales de aquella infamia.
No podemos ahora consentir que la envidia, el rencor y la revancha atenten contra quien, en solitario, ha contribuida a mantener vivas las ilusiones de una reparación histórica definitiva. Sin olvidar, tampoco, sus decididas aportaciones a la lucha contra dos grandes males de nuestro país: el terrorismo y la corrupción.
A una sociedad que desconfía de la justicia y de la política, e inclinada cada vez más hacia la abstención en sus deberes cívicos, no se le puede enviar ese mensaje descorazonador.

Barcelona, 1 de marzo 2010

HEMOS CONOCIDO LA NOTICIA...

JUBILACIÓN A LOS 67. LA REFORMA DE LAS PENSIONES

2010-02-10T04:25:00.000-08:00

RESUMEN en 1 minuto

El Gobierno del PSOE presentó una propuesta de reforma de las pensiones públicas. La medida principal consiste en retrasar la edad de jubilación a los 67 años, en lugar de los 65 actuales. En el contexto de la grave crisis económica, el Gobierno está recibiendo fuertes presiones. La Banca, la gran patronal (CEOE) y los organismos financieros europeos e internacionales presionan fuertemente para que el Gobierno realice reformas de carácter neoliberal. Estas reformas se basan en una fuerte reducción del gasto público del Estado, en la privatización de servicios públicos, en la rebaja de los impuestos a las empresas y en la eliminación o disminución de derechos laborales (llamada flexibilidad), manifestada esta última sobre todo en un ataque al derecho a la indemnización por despido.
El principal argumento para defender la medida de retrasar la edad de jubilación es que sobre el año 2030 ó 2040 la esperanza de vida habrá aumentando tanto que habrá el doble de pensionistas que hoy, y esto hará insostenible financieramente el sistema público de pensiones. Este argumento es exagerado. Evidentemente el sistema público de pensiones necesita reformas para que continúe su actual buena salud. Pero en primer lugar, antes de retrasar la edad legal de jubilación a los 67 años, deberían conseguir que los trabajadores se jubilen realmente a los 65, ya que hoy día la media de edad de jubilación está en 63 años. Por lo tanto, es prioritario actuar con medidas para acercar la edad real de jubilación (63) a la edad legal de jubilación actual (65), incentivando a los trabajadores para que continúen voluntariamente trabajando más allá de los 65 años y reduciendo y desincentivando las prejubilaciones.

Lo más grave, y que ya no tiene marcha atrás, es que con esta irresponsable propuesta se ha generado una gran desconfianza sobre la viabilidad futura del sistema público de pensiones. Se ha lanzado un mensaje a los trabajadores actuales de que sus futuras pensiones están en peligro o son inviables, por lo tanto, háganse un plan privado de pensiones. Hay que destacar que junto al retraso de la edad de jubilación el Gobierno propone reforzar los planes de pensiones privados que serían incentivados mediante beneficios fiscales (principalmente deducciones en la declaración de la renta).

En la propuesta existe una gran trampa, que es ideológica y que casi ningún medio de comunicación explica, y es que no está escrito en ningún sitio que las pensiones públicas sólo se pueden pagar con las cotizaciones sociales. La quiebra de las pensiones es una falsedad. Las pensiones también se pueden pagar con los impuestos generales, igual que se paga la educación o la sanidad.
Frente a las medidas planteadas por el Gobierno de recorte de gastos, se debe avanzar en otra dirección. Aumentar los ingresos de la Seguridad Social, creando más empleo (más cotizantes) y de más calidad (mejora de la productividad, de salarios y por tanto de cotizaciones), atajando la economía sumergida, el fraude fiscal y el uso fraudulento y abusivo de la contratación temporal, creando una política fiscal progresiva que financie mayores inversiones públicas, sobre todo en servicios sociales y escuelas de infancia que incentiven la incorporación de la mujer al mercado laboral.

JUBILACIÓN A LOS 67. LA REFORMA DE LAS PENSIONES

El Gobierno del PSOE presentó un documento para reformar el sistema público de pensiones el pasado 29 de enero de 2010. La medida principal y más mediática de ese documento consiste en retrasar la edad legal de jubilación hasta los 67 años. El principal argumento para defender esta medida es que, si sigue el ritmo demográfico actual, sobre el año 2030 ó 2040 la esperanza de vida habrá aumentando tanto que habrá el doble de pensionistas que hoy en día, y ésto hará insostenible financieramente el sistema público de pensiones. Lo cierto es que el Gobierno del PSOE está recibiendo fuertes presiones desde la banca, la gran patronal, el Banco de España, los organismos financieros europeos e internacionales para imponer una salida a la crisis actual que garantice sus privilegios y sus ingentes beneficios. Es decir, propuestas neoliberales que logren una determinada salida de la crisis, y que volverá a provocarla de nuevo en un futuro.
Lo más grave, y que ya no tiene marcha atrás, es que la irresponsable propuesta del Gobierno ha generado una gran desconfianza sobre la viabilidad futura del sistema público de pensiones. Se ha lanzado un mensaje a los trabajadores actuales de que sus futuras pensiones están en peligro, por lo tanto, háganse un plan privado de pensiones. Sin duda, los bancos deben estar frotándose las manos. Llevamos décadas asistiendo al bombardeo permanente de mensajes, sobre todo desde los servicios de estudios de la banca, de que las pensiones públicas van a “quebrar”. Pero estas afirmaciones son falsas.

EL PROBLEMA DEMOGRÁFICO

Entremos en el fondo de la cuestión y analicemos los argumentos esgrimidos para lanzar esa propuesta. El argumento sobre el progresivo envejecimiento de la población es exagerado. Desde 1980 hasta el 2005 ha aumentando en 4 años la esperanza de vida en España y, por lo tanto, se dice que sobre 2035 habrá aumentado otros 4. Pero la realidad es que el aumento de la esperanza de vida actual no se debe totalmente a que la gente viva más años, sino a que la mortalidad infantil y de los grupos de edad más jóvenes se ha ido reduciendo. En realidad, en estos 25 años la gente vive 2,6 años más y no 4. Dicho esto, tenemos que decir que sí es cierto que en un futuro el Estado tendrá que gastar mayor porcentaje de riqueza para pagar las pensiones. Pero hay que decir que hoy el Estado se gasta en pensiones el 9% del PIB y, según las previsiones, en 2050 nos gastaremos el 15%. Pero este porcentaje no es alarmante, es lo que ya se gastan algunos países en pensiones de la UE, como Italia.

Ante este hecho el Gobierno plantea retrasar la edad de jubilación, y otras medidas importantes que analizaremos en otro post, que significan reducir el gasto en pensiones.

¿CÓMO REDUCIR LOS GASTOS?

Evidentemente el sistema público de pensiones necesita reformas para que continúe su actual buena salud. En 2009, en el peor año de la crisis hasta ahora, la Seguridad Social obtuvo un superávit de 8.500 millones de euros, y para 2010 también se espera que sobre dinero. En primer lugar, antes de retrasar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, deberían conseguir que los trabajadores se jubilen realmente a los 65. Hoy día la media de edad de jubilación está en 63 años. Por lo tanto, es prioritario actuar con medidas que acerquen la edad real de jubilación (63) a la edad legal de jubilación actual (65). Estas medidas deberían ser principalmente aumentar los incentivos para aquellas personas que continúen trabajando más allá de los 65 años. Otras medidas positivas serían acabar con el abuso de las prejubilaciones, que incluso empresas que han obtenido beneficios las utilizan y lo acabamos financiando entre todos.

¿DE DÓNDE TENEMOS QUE SACAR EL DINERO PARA PAGAR LAS PENSIONES?

En la propuesta existe una gran trampa, que es ideológica y que casi ningún medio de comunicación explica, y es que no está escrito en ningún sitio que las pensiones públicas sólo se pueden pagar con las cotizaciones sociales. Las prestaciones de la Seguridad Social son un derecho reconocido por la Constitución (artículo 41). Si las cotizaciones sociales se agotan el Gobierno tendrá que pagar las pensiones con el dinero que obtiene de otros impuestos (IRPF, IVA, etc.). Eso de la quiebra de las pensiones es una falsedad. ¿Acaso la educación o la sanidad están en quiebra? Tanto educación como sanidad son gastos de los que no se obtienen ingresos directos y su coste se mantiene porque el Estado Democrático y de Derecho del que nos dotamos establece que son derechos universales y queremos que así siga siendo. Las pensiones son lo mismo. Otros países como Dinamarca pagan la mayoría de las pensiones con impuestos generales y no con impuestos sobre el trabajo (cotizaciones sociales).
Por tanto, si partimos de esta nueva premisa, independientemente de la situación demográfica a medio plazo, el sistema público de pensiones es perfectamente sostenible si no se pone la restricción de que todas las pensiones se paguen con cotizaciones sociales. Y esta restricción no se debe poner.

OTRAS ALTERNATIVAS: AUMENTAR LOS INGRESOS CREANDO MÁS Y MEJORES COTIZANTES

Enlazando con el tema de los datos demográficos hay que decir que lo realmente importante no es sólo la población existente en cada grupo de edad, sino el número de personas que trabajan y por tanto que cotizan y aportan dinero a la Seguridad Social. Y es más, importa que los sueldos de las personas que trabajan sean cada vez más altos para que coticen y aporten cada vez más a la Seguridad Social. Hay que tener en cuenta, por tanto, la cantidad de cotizantes y la calidad del empleo de esos cotizantes.

Es evidente que actualmente España tiene todavía una gran potencialidad para incorporar trabajadores al mercado laboral y por tanto aumentar el número de cotizantes a la Seguridad Social. Ésta debería ser la vía prioritaria para mejorar más todavía los ingresos de la Seguridad Social. Si consiguiéramos incorporar a las mujeres al mercado laboral al mismo nivel que la mayoría de países de la UE, si redujéramos significativamente el desempleo y los trabajadores a tiempo parcial que lo desearan trabajaran a tiempo completo obtendríamos cerca de 10 millones de trabajadores más, 10 millones de cotizantes más (Vicenç Navarro Los errores del determinismo demográfico: el caso de las pensiones, sistema digital). Para facilitarlo debería haber una gran inversión pública destinada a crear escuelas de infancia públicas (0 a 3 años) y a desarrollar la ley de dependencia priorizando el gasto en servicios, que generen puestos de trabajo directos (residencias, servicios domiciliarios, etc.), y disminuyendo la proporción de aportaciones de rentas directas.
Sin duda, la lucha contra la economía sumergida haría aflorar al mercado laboral legal muchos trabajadores que cotizarían a la Seguridad Social. Otras medidas encaminadas a aumentar el número de cotizantes y su calidad es incorporar a las trabajadoras empleadas de hogar en el Régimen General, aumentando las aportaciones de empresarios y trabajadores, así como de los trabajadores del campo, también en el mismo sentido. Así como otros colectivos como becarios.

A parte de que el Estado puede invertir dinero público y hacer reformas legales para conseguir aumentar el número de cotizantes, también se debe apoyar la mejora de la calidad de las cotizaciones. Hay que tener en cuenta que una mejora en la productividad de los trabajadores y las empresas, una mejora o aumento de los salarios, provocaría unas mayores cotizaciones a la Seguridad Social y una mayor recaudación vía impuestos. Por tanto esta es una vía para mejorar la Seguridad Social.
Pero establecer medidas en esta vía obtendrá resultados a medio y largo plazo. Estas medidas deben fundamentarse en una apuesta decidida por la formación, invirtiendo más en educación de los jóvenes y en la formación de calidad de los trabajadores y desempleados. Otro tanto sería apoyar la generación de tejido empresarial de calidad, de alto valor añadido, fomentando la inversión en I+d+i. También se tienen que establecer medidas encaminadas a que crezcan los empleos de calidad desincentivando la contratación temporal, gravándola con aumentos en los tipos de cotización y aumentando la inspección laboral para atajar el uso injustificado y fraudulento de estos contratos.

PROPUESTAS CONCRETAS PARA MEJORAR Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD SOCIAL

Algunas medidas para aumentar los ingresos de la Seguridad Social
Aumentar los tipos de cotización para los empresarios que utilicen contratos temporales; Eliminar los topes máximos de cotización, para que todo el mundo cotice por el total de sus ingresos; Aumentar considerablemente el Salario Mínimo Interprofesional; Establecer un Plan Especial de Inspección tributaria y de trabajo para reducir el fraude fiscal y la economía sumergida; Incluir en el Régimen General de la Seguridad Social a los Trabajadores Agrarios, empleadas del hogar y becarios, aumentando las cotizaciones de empresarios y trabajadores; Inversión pública en escuelas de infancia públicas y servicios sociales de atención a la dependencia generando empleo directo, para facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral.

Otras medidas para disminuir los gastos de la Seguridad Social
Incentivar más el retraso voluntario de la jubilación más allá de los 65 años; Eliminar las subvenciones públicas a las prejubilaciones forzadas por las empresas, no facilitando las reducciones de las plantillas y penalizando las jubilaciones anticipadas a nivel general exceptuando colectivos de trabajos penosos o peligrosos; Disminuir las subvenciones en las cotizaciones para la realización de determinados contratos de trabajo.

Medidas para aumentar los ingresos del Estado vía impuestos
Aumentar la Inspección tributaria y de trabajo para reducir el fraude fiscal y la economía sumergida; Eliminar los beneficios fiscales para los planes privados de pensiones; Aumento del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas con mayores beneficios económicos; Aumentar el tipo máximo de retención de IRPF; Aumentar la retención a los grandes beneficios de las rentas del capital (fondos de inversión, depósitos, SICAV, etc.).

CALCULAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN 2010

2010-02-03T09:35:00.000-08:00

Ante los posibles cambios en el cálculo de la pensión de jubilación que está proponiendo el Gobierno he creído interesante, antes de analizar sus propuestas, explicar brevemente cómo calcular la pensión de jubilación a día de hoy.

¿Quién tiene derecho a la prestación?
Para obtener una pensión de jubilación se necesitan como mínimo 15 años de trabajo cotizado a lo largo de nuestra vida, y 2 de éstos 15 años deben estar cotizados dentro de los 15 años anteriores a la edad legal de jubilación, que son los 65 años.

Años tenidos en cuenta para calcular la cuantía

Para obtener la cuantía de la prestación primero nos calculan nuestra Base Reguladora. Esta Base Reguladora será una especie de "media" de lo cotizado en los últimos 15 años. Así, cogeríamos las últimas 180 bases de cotización por contingencias comunes anteriores al momento de la jubilación y las dividiremos entre 210. Es decir, si tenemos unas bases de cotización de 1.000 € x 180 serán 180.000, y si lo dividimos entre 210 nos da 857,14 €. (Hay que decir que estos cálculos son aproximados, las bases de cotización tenidas en cuenta se tienen que actualizar según haya subido el IPC durante esos años.)Por lo tanto la media de lo que hemos cotizado en los últimos 15 años se ve sesgada por ese "210".
Por tanto 857,14€ será nuestra base reguladora.

Cálculo de la cuantía de la prestación

Hecho ésto también se tiene en cuenta el total de años que hemos cotizado durante nuestra vida a la Seguridad Social para obtener la cantidad de lo que vamos a cobrar de pensión de jubilación. Si hemos cotizado al menos 35 años en toda nuestra vida cobraremos el 100% de la Base Reguladora obtenida anteriormente. Pero si hemos trabajado-cotizado menos años la Base Reguladora se irá reduciendo.
Si hemos cotizado 15 años a lo largo de nuestra vida,cobraremos el 50% de nuestra Base Reguladora (en el ejemplo 50% de 857,14€ son 428,57€). Por cada año que hayamos trabajado más de los 15 se suma un 3% o un 2% a partir de los 26 años cotizados.
Por otro lado hay que tener en cuenta que el resultado nunca podrá ser superior ni inferior a la pensión máxima o mínima establecida por el Gobierno para cada año.

Hay que añadir que si tenemos cotizados 35 años y tenemos los 65 años de edad, podemos seguir trabajando voluntariamente. En este caso,por cada año que sigamos trabajando nos aumentará un 2% nuestra Base Reguladora.

En un próximo post analizaremos algunas de las propuestas realizadas por el Gobierno a este respecto.

NO A LAS HORAS EXTRAS DEL PROFESORADO, SÍ AL REPARTO DEL TRABAJO

2010-01-20T08:55:00.000-08:00

RESUMEN en 1 minuto.-
En los presupuestos generales de Castilla-La Mancha para 2010 el gobierno de Barreda aprueba que los profesores funcionarios puedan realizar horas extraordinarias. En estos momentos tan duros, con más de 4 millones de parados, la lógica nos dice que sería más positivo repartir el trabajo. Esta medida va en contra del reparto del trabajo y perjudicará la calidad del servicio público de educación en la región. Las horas extras reducirán el acceso de nuevos trabajadores al sector educativo, pudiendo transformar nuevos contratos por sustituciones o interinidades en horas extras, lo que supondrá más paro y más subsidios que pagar.
Las horas extras también perjudicarán la calidad del trabajo pedagógico, que debe ser lo más individualizado posible hacia cada alumno, perjudicará la atención a la diversidad y la preparación de las clases. En este aspecto el gobierno de Barreda sigue la lógica liberal, de derechas, de reducir el gasto público y la inversión en empleo público. Decide recortar el déficit de la administración creando más paro.
Ya que para el año 2010 los sindicatos y las Administraciones han acordado congelar los sueldos de los funcionarios (sólo subirán un 0'3%), realizando un ejercicio de lógica solidaridad con el resto de la clase trabajadora en estos momentos tan duros, ¿qué sentido tiene ahora que realicen horas extras? Entiendo que si se negocia congelar los sueldos es para evitar más pérdidas de puestos de trabajo, para utilizar esos recursos públicos en quiénes más lo necesitan, que son los trabajadores sin empleo.
No es el momento de hacer horas extras, ni subir los salarios de quiénes ya tienen una seguridad contractual total y unas condiciones salariales dignas. Es el momento de repartir el trabajo, de invertir para crear empleo y no de aumentar el paro, de reducir los sueldos más altos para que otros puedan trabajar o de reducir los beneficios empresariales para mantener y crear empleo.
Artículo completo...

En los presupuestos generales que ha realizado el gobierno de Barreda en Castilla-La Mancha para 2010 se incluye un aspecto muy negativo para los profesores de la región, para la calidad de la educación y para los trabajadores en general.
En estos presupuestos se incluye la posibilidad de que a partir de este año 2010 la Consejería de Educación ofrezca a los profesores funcionarios realizar horas extraordinarias. Estas horas extras se realizarían para cubrir las bajas del profesorado en sus clases, y tendría evidentemente una compensación económica, que no queda especificada.

A mi juicio, este hecho no supone una mejor utilización y organización de los recursos humanos en los centros educativos. Muy al contrario. Si algunos profesores realizan más horas lectivas la calidad educativa empeorará. Las horas extras, con su compensación económica, se harán a costa de perjudicar al trabajo docente de calidad, a costa del trabajo pedagógico individualizado de los alumnos, de la atención a la diversidad, la preparación de las clases, el reciclaje y la formación permanente. En definitiva, sólo puede provocar deterioro de la calidad del servicio público.

Por otro lado, las horas extras reducen la creación de empleo. Que los funcionarios realicen horas extras limitará el acceso de nuevos trabajadores al sector educativo. Todo lo contrario de lo que se presupone hay que hacer en estos momentos: repartir el trabajo. A más horas extras más interinos en paro, más paro y más prestaciones por desempleo que pagar. Se está priorizando reducir el presupuesto antes que crear empleo y garantizar un servicio público educativo de calidad. Esta no es una política de izquierdas. Por otro lado, habrá que ver si realmente esta es una medida que suponga un importante ahorro, ya que los sueldos y las cotizaciones de esas horas extras habrán de pagarse igualmente.

Hay que reconocer los hechos. El gobierno de Castilla-La Mancha es uno de los que más invierten en educación de toda España: esa es una política de izquierdas. Pero en los colegios e institutos de la región faltan profesores. En la mayoría de casos hay demasiados alumnos en las aulas que impide realizar un trabajo educativo útil y de calidad. Los docentes tienen muchos problemas para realizar su trabajo en buenas condiciones y la salud de éstos se ve perjudicada. La medida de las horas extras sería un paso atrás en las mejoras que ha experimentado esta región en el terreno educativo.

Es una medida en sintonía con la lógica liberal, de derechas, que pide reducir el gasto público y el déficit de las administraciones. Desde una óptica de izquierdas no es el momento de reducir el gasto público, todo lo contrario, y menos si ese gasto va directamente dirigido a crear empleo y reducir el paro. En todo caso, si hay que introducir medidas para reducir el déficit público, que habrá que hacerlo, sería más progresista aumentar los impuestos de los que más tienen, a través de impuestos directos.

Seguramente muchos docentes, desde una visión individualista, apoyarán esta medida. Verán en ella, simplemente, la posibilidad de aumentar egoístamente sus ingresos. Pero tienen que comprender que esta medida debilita al profesorado como conjunto, nos enfrenta y nos divide, introducirá una parte variable en nuestro salario, que será “pan para hoy y hambre para mañana”, y que si es necesario aumentar los salarios éstos deben hacerlo para todos a la vez. Quizás unas cuantas horas extras no significarán demasiado en la nómina de un docente, pero todas esas horas en conjunto sí tendrán mucha importancia, significarán evitar la creación de puestos de trabajo. Y, sinceramente, la gran cantidad de paro de nuestro país nos perjudica hoy y nos perjudicará en el futuro a todos.

No es el momento de hacer horas extras, ni subir los salarios de quiénes ya tienen una seguridad contractual total y unas condiciones económicas dignas. Es el momento de repartir el trabajo, de invertir para crear empleo y no de aumentar el paro, de reducir los sueldos más altos para que otros puedan trabajar, de reducir los beneficios empresariales para mantener y crear empleo.

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MIGUEL HERNÁNDEZ: Poeta de la República

2010-01-11T03:20:00.000-08:00

RESUMEN en 1 minuto:

Este año se cumple el centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández, que nació en Orihuela (Alicante) en 1910 y murió en 1942. Hace 15 años que descubrí la poesía de este autor y, sinceramente, a pesar de que tengo inquietudes literarias y poéticas, fue el compromiso de este poeta con el pueblo, con los débiles, con la República, con la democracia y contra el fascismo lo que me acercó a él. Y no es que sólo aprecie el arte comprometido socialmente, si fuera así sería un seguidor del realismo soviético, y precisamente no sigo esos dogmas. En este caso su compromiso social es sincero, en las obras de Miguel Hernández se percibe una gran sinceridad y sencillez, su origen humilde, un sufrimiento sincero por las humillaciones y el dolor que padecieron los trabajadores en aquellos años tan duros, y una apasionada apuesta personal por poner su profesionalidad artística del lado de ese pueblo, de donde él salió.
Desgraciadamente podemos comprobar como el poeta Miguel Hernández ha tenido y tiene todavía un espacio muy pequeño en los libros de texto de literatura de nuestros centros educativos. He pensado que sería bueno aportar un pequeño granito de arena en este blog para recordarlo y reivindicarlo como un artista de referencia, un poeta que defendió la democracia, la República, contra el golpe de estado fascista de un grupo de militares, apoyados por la oligarquía empresarial y terrateniente, la Iglesia católica y los grupos sociales más ultraconservadores de este país. Un poeta que recogió en sus versos y en su teatro la dura realidad del pueblo español y que luchó en las trincheras, como un hombre del pueblo más, contra los rebeldes fascistas, y que finalmente perdió su vida a los 32 años en las cárceles franquistas. Reivindicarlo como poeta de referencia de la República democrática en guerra contra el golpe de estado fascista de Franco es una tarea más de recuperación de nuestra memoria histórica.
Podéis encontrar más información sobre el poeta en la web: http://www.miguelhernandezvirtual.com/xml/

ARTÍCULO COMPLETO:

Para hablar de Miguel Hernández qué mejor que hacer referencia al texto de presentación original de su libro Viento del pueblo editado en 1937 por ediciones Socorro Rojo y que dice así:

Miguel Hernández es hijo de unos humildes pastores de cabras. Desde niño ha trabajado en el cuidado del ganado y en el cultivo de la tierra. Aprendió las primeras letras en una escuela de Orihuela...En un círculo obrero de su ciudad natal encontró libros de nuestros autores clásicos. Un amigo, estudiante, le proporcionó obras de Antonio Machado, de Juan Ramón Jiménez y de otros poetas contemporáneos...Al estallar la guerra, Miguel Hernández se inscribió en el 5º Regimiento. Primeramente trabajó en la construcción de fortificaciones. Después, destinado a Infantería, ha luchado como miliciano en la brigada del “Campesino”...Sus 25 años cargados de experiencia, fecundados con las enseñanzas de la vida pobre, áspera y difícil, han madurado su figura varonil y su alma de pastor, poeta y miliciano. Siente con gran amplitud y profundidad la tragedia de España, el sacrificio del pueblo y la misión de la juventud. Sirve a su pueblo como poeta y como soldado. Su espíritu, encendido en un puro ideal de justicia y libertad, se vierte generosamente en sus composiciones poéticas y en su vida militar. El caudal de sus sentimientos lucha con la forma de expresión justa y adecuada.

Pero es el mismo poeta, en una nota previa a su Teatro en guerra (1937), quien mejor explica el origen y sentido de su poesía comprometida y de propaganda, la cual es fruto de su compromiso con el acontencer histórico y en el que intenta dejar su huella:

El 18 de julio de 1936, frente al movimiento de los militares traidores, entro yo, poeta, y conmigo mi poesía, en el trance más doloroso y trabajoso, pero más glorioso, al mismo tiempo, de mi vida. No había sido hasta ese día un poeta revolucionario en toda la extensión de la palabra y su alma. Había escrito versos y dramas de exaltación del trabajo y condenación del burgués, pero el empujón definitivo que me arrastró a esgrimir mi poesía en forma de arma combativa me lo dieron los traidores con su traición, aquel iluminado 18 de julio. Intuí, sentí venir contra mi vida, como un gran aire, la gran tragedia, la tremenda experiencia poética que se avecinaba en España, y me metí, pueblo adentro, más hondo de lo que estoy metido desde que me parieran, dispuesto a defenderlo firmemente de los provocadores de la invasión...
Con mi poesía y con mi teatro, las dos armas que más me corresponden y que más uso, trato de aclarar la cabeza y el corazón de mi pueblo, sacarlos con bien de los días revueltos, turbios, desordenados, a la luz más serena y humana.

De todas sus obras Viento del pueblo es la más representativa del autor. He seleccionado un par de poemas de este libro y los incluyo a continuación como homenaje a su obra y a su persona.

En el primer poema, Canción del esposo soldado, podemos reconocer a Miguel Hernández como poeta y soldado, dedicándole este poema a su mujer y a su hijo que todavía no ha nacido. Miguel integra aquí el plano colectivo, el de la pareja y el individual, cantando su amor y el de todo soldado que en las trincheras estuviera lejos de su mujer, manteniendo su lucha para que su hijo nazca en libertad.

CANCIÓN DEL ESPOSO SOLDADO

He poblado tu vientre de amor y sementera,
he prolongado el eco de sangre a que respondo
y espero sobre el surco como el arado espera:
he llegado hasta el fondo.

Morena de altas torres, alta luz y ojos altos,
esposa de mi piel, gran trago de mi vida,
tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos
de cierva concebida.

Ya me parece que eres un cristal delicado,
temo que te me rompas al más leve tropiezo,
y a reforzar tus venas con mi piel de soldado
fuera como el cerezo.

Espejo de mi carne, sustento de mis alas,
te doy vida en la muerte que me dan y no tomo.
Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas,
ansiado por el plomo.

Sobre los ataúdes feroces en acecho,
sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa
te quiero, y te quisiera besar con todo el pecho
hasta en el polvo, esposa.

Cuando junto a los campos de combate te piensa
mi frente que no enfría ni aplaca tu figura,
te acercas hacia mí como una boca inmensa
de hambrienta dentadura.

Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera:
aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo,
y defiendo tu vientre de pobre que me espera,
y defiendo tu hijo.

Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado,
envuelto en un clamor de victoria y guitarras,
y dejaré a tu puerta mi vida de soldado
sin colmillos ni garras.

Es preciso matar para seguir viviendo.
Un día iré a la sombra de tu pelo lejano,
y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo
cosida por tu mano.

Tus piernas implacables al parto van derechas,
y tu implacable boca de labios indomables,
y ante mi soledad de explosiones y brechas
recorres un camino de besos implacables.

Para el hijo será la paz que estoy forjando.
Y al fin en un océano de irremediables huesos
tu corazón y el mío naufragarán, quedando
una mujer y un hombre gastados por los besos.

He seleccionado también el poema Aceituneros por ser uno de los más conocidos y representativos de la obra de Miguel Hernández, evocando su espíritu de compromiso social.

ACEITUNEROS

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?

No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.

Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.

Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimiento.

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién
amamantó los olivos?

Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.

No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.

Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
que sólo el otro comía.

¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
pregunta mi alma: ¿de quién,
de quién son estos olivos?

Jaén, levántate brava
sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.

Dentro de la claridad
del aceite y sus aromas,
indican tu libertad
la libertad de tus lomas.

Algunos críticos acusan al poeta de cierto simplismo y maniqueismo, porque en su poesía se reflejaba la visión de la sociedad de la época dividida en dos clases antagónicas: el pueblo y sus explotadores. Interesante reduccionismo. Quizás en aquellos momentos de la guerra los acontecimientos hicieran necesario cierto grado de simplismo como la siguiente célebre consigna ejemplificó: primero, ganar la guerra. En otro orden de cosas quizás sí se dejó llevar por los dogmatismos de la Unión Soviética, incluso llegó a criticar a artistas, como Picasso, por su utilización del arte “abstracto” (en el Guernica), siendo él más partidario del llamado “realismo soviético”.
De todas maneras yo me quedo con el Miguel Hernández voluntario colaborador en las misiones pedagógicas de la República, el que utilizó su poesía y combatió codo con codo con aquellos aceituneros, mineros, labradores que pasaban hambre y que trabajaban jornadas de dieciséis horas en las tierras que no eran suyas y que con la defensa de la República se estaban jugando su porvenir y el de sus hijos.
Condenado a muerte en 1940 por su participación en la guerra en favor del bando legal de la República, tras las presiones de varios artistas y amigos, se le conmuta la pena por 30 años de prisión, pasando por las cárceles de Madrid, Palencia y Ocaña. Finalmente morirá en 1942 a los 31 años de edad, por una tuberculosis que complica sus problemas pulmonares, provocada por las pésimas condiciones de salubridad de las cárceles franquistas.

¿POR QUÉ NO DEBE HABER REBAJA DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL?

2009-10-28T11:28:00.000-07:00

OS ADJUNTO UN EXCELENTE ARTÍCULO DEL PROFESOR JOAQUIN APARICIO, DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, SOBRE LAS REBAJAS DE LAS COTIZACIONES SOCIALES QUE RECLAMA LA PATRONAL CEOE.

Publicado en el blog:
http://japariciotovar.blogspot.com/

Todo lo que concierne a la Seguridad Social es asunto muy delicado porque la Seguridad Social es el núcleo del Estado Social y Democrático de Derecho, sobretodo en un país como España en el que las políticas sociales más generales arrastran una histórica debilidad. La Seguridad Social no es otra cosa que la organización técnica de la solidaridad llevada a cabo por el Estado para poner a todos los ciudadanos al abrigo de las situaciones de necesidad y, de ese modo, avanzar en el camino de la igualdad, como quiere el art. 9.2 de la Constitución. Es hacer, como dijera Beveridge, que triunfe la libertad frente a la necesidad ya que un menesteroso no es libre y, por tanto no está en condiciones de gozar de los derechos fundamentales a todos reconocidos, no es, en definitiva, ciudadano. Por eso la Seguridad Social está en el pacto social fundante de la convivencia europea y está “blindada” por la Constitución con una garantía institucional. Esto quiere decir que incluso el máximo representante de la soberanía popular, el legislativo, tiene limitados sus poderes de configuración del Sistema de la Seguridad Social. Si el legislativo tiene limitados sus poderes, lo que es más que evidente ahora que está en medio de los trabajos para la renovación de los Pactos de Toledo, el Gobierno y los agentes sociales deben ser especialmente cautelosos en esta materia. Pero la prudencia y la cautela no parece que estén inspirando a la gran patronal, la CEOE, en la actual fase de concertación social al pedir una rebaja de las cotizaciones de 5 puntos, cifrada en 15.000 millones de euros. No hace falta ser actuario para darse cuenta de los efectos desastrosos que esa rebaja puede tener. Pero, sobretodo tan extemporánea pretensión es muestra de una posición ideológica inaceptable que en el fondo ataca al Estado Social y Democrático.Si como se acaba de decir, la Seguridad Social es la organización de la solidaridad por el Estado, eso implica necesariamente redistribución de rentas desde los que más a los que menos tienen. Los enormes recursos financieros que debe manejar el Estado en España están gestionados de modo ejemplar y con una eficacia modélica a la que no llega, ni de lejos, la que muestran los sistemas de ahorro previsional voluntario, pero para gestionar esos recursos antes hay que tenerlos. El modo de financiar la Seguridad Social puede hacerse mediante cuotas calculadas sobre los salarios, mediante impuestos generales o mediante un sistema mixto, como es nuestro caso. Con la separación de fuentes de financiación las prestaciones no asistenciales, llamadas “contributivas”, se financian básicamente con cuotas calculadas sobre salarios, mientras que las prestaciones asistenciales del Sistema y las sanitarias lo hacen mediante transferencias desde los presupuestos generales del Estado, es decir, mediante el sistema impositivo general. Esta separación es criticable porque está dando lugar a una ruptura regresiva del Sistema en dos compartimentos estancos que condena al asistencialismo a aquella parte de la población con carreras profesionales frágiles (los precarios) que les impiden cumplir los requisitos más duros exigidos para causar derecho a las prestaciones no asistenciales o contributivas. Es una erosión de la solidaridad.Enviar al asistencialismo a una parte de la población ya, en si mismo, es un grave problema porque este tipo de prestaciones exigen la prueba de la necesidad mediante la demostración de no sobrepasar un nivel de rentas muy bajo, pero lo es mas si la aportación de recursos para las prestaciones en este brazo del Sistema es débil. Para que estas prestaciones sean “suficientes” como quiere el art. 41 de la Constitución el sistema impositivo general debería ser progresivo y potente. Pero ya estamos viendo lo ampliamente extendida que está la moda de rebajar impuestos directos. La patronal, al mismo tiempo que pide rebajar las cotizaciones sobre salarios, lleva años pidiendo (y consiguiendo poco a poco) rebajas impositivas hasta el punto que puede decirse sin error que la progresividad fiscal en la práctica solo opera para los asalariados. Las prestaciones asistenciales, a pesar de las importantes subidas de los últimos años, son todavía tan pequeñas que difícilmente puede decirse que cubren los mínimos vitales de subsistencia.Las prestaciones no asistenciales, es decir, contributivas, se financian mediante cuotas sobre salarios. La financiación por cuotas tiene la ventaja de su seguridad, pues al ser un tipo de tributo con asignación finalista no puede dedicase más que a la garantía de las prestaciones previstas, con la particularidad de que el art. 86 LGSS expresamente prohíbe que los recursos obtenidos de este modo puedan dedicarse a prestaciones asistenciales, con el efecto erosivo señalado de la solidaridad. Al no poderse dedicar más que a garantizar las prestaciones algunos argumentan que es una especie de salario diferido. La rebaja de las cotizaciones ha sido una continua reclamación de los empresarios que ha sido en alguna medida atendida, pues lejos de haber sufrido algún incremento, como podría haber ocurrido, ha tenido lugar moderadas reducciones. Además disfrutan de bonificaciones por la contratación de grupos de trabajadores con especiales dificultades frente al empleo. A todo ello hay que adicionar que desde mitad de los años 80 del pasado siglo han visto mermada su aportación a la Caja Común de la Seguridad Social de manera significativa con la imposición de topes de cotización, que dan lugar a que una parte importante de los salarios más elevados este exenta de cotizar a la Seguridad Social. Pero la voracidad de nuestros empresarios hace que cualquier reducción sea insuficiente. Reducir las cuotas empresariales implica que a un plazo breve habría que endurecer los requisitos para causar derechos a las prestaciones no asistenciales o sin prueba de la necesidad, lo que daría lugar a expulsar a más trabajadores al brazo asistencial, pero si se hace caso a la otra reivindicación empresarial de reducción del impuesto de sociedades (el impuesto sobre el patrimonio ya está casi eliminado) la solución es clara: un extremado debilitamiento del Sistema de la Seguridad Social o aumentar los impuestos indirectos que recaen sobre todos, pero de esa manera no habría redistribución de rentas y se atacaría a la esencia misma de la Seguridad Social. Ambas cosas inaceptables desde el punto de vista constitucional y desde cualquier aspiración a una sociedad mas civilizada.

lunes 27 de julio de 2009

REFORMAR LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO EN ESTOS TIEMPOS DE CRISIS (I)

2009-02-06T11:24:00.000-08:00

En estos tiempos de crisis económica, de cierre de empresas, de despidos masivos, en definitiva, de crecimiento del paro, es importante que los trabajadores tengan una sólida protección. La protección al desempleo es un derecho de los trabajadores que garantiza la Seguridad Social, para aquellas personas que quieren trabajar y no pueden por haber perdido su trabajo o no lo encuentran. Es un derecho que garantiza nuestra Constitución, ya que obliga a los poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social que garantice la asistencia a todas las personas en casos de necesidad, especialmente en la situación de desempleo (art. 41 CE).
En estos momentos en los que se está destruyendo empleo de forma muy rápida, facilitado sobre todo por la gran cantidad de empleo temporal que existe, fácil de eliminar, sería positivo que se aumentara el nivel de protección al desempleo. El Gobierno está lanzando la idea de que quiere “mejorar esta protección si una situación grave finalmente lo exigiera”, pero me parece que esa situación ya ha llegado.
De momento, la única medida efectivamente realizada que afecta a la protección por desempleo ha sido la ampliación de la cuantía de la prestación que se puede cobrar de golpe para montar un negocio, la llamada capitalización de la prestación. Anteriormente, al quedarte en paro podías cobrar de golpe hasta el 40% del total del dinero que te correspondería cobrando mensualmente el paro, dinero que se debía utilizar para darse de alta como autónomo y crear una empresa. Es decir, si te correspondía un año de paro cobrando 1.000 euros mensuales, podías cobrar de golpe hasta el 40% de los 12.000 euros que ibas a recibir en un año, es decir, 4.800 euros. Con la reforma del Gobierno se podrá cobrar hasta el 60% del total del dinero de prestación por desempleo, el resto hasta el 100% se debe utilizar para pagarse uno mismo la cotización a la Seguridad Social como autónomo. Esta medida resulta positiva, en cuanto facilita financiación a los parados a través de su prestación por desempleo para crear una empresa.

Algunas cuestiones a tener en cuenta sobre la prestación por desempleo:

1) Con el desarrollo del trabajo a tiempo parcial existe una gran injusticia. La prestación por desempleo que recibe el trabajador se ve reducida a la mitad si su jornada de trabajo es de media jornada. Por ejemplo, si un trabajador tiene un salario bruto de 1.300 euros al mes teniendo un contrato a tiempo parcial realizando media jornada, y otro trabajador tiene un salario bruto de 1.300 euros al mes teniendo un contrato a tiempo completo, su aportación o cotización a la Seguridad Social será la misma, pero la prestación por desempleo del trabajador a tiempo parcial será la mitad. La prestación por desempleo del trabajador a tiempo parcial será de 538 euros, y la prestación del trabajador a tiempo completo será de 910 euros, habiendo cotizado los dos lo mismo durante los mismos meses.
Es una situación de discriminación hacia el trabajo a tiempo parcial que debería eliminarse.
En este caso de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, el tope máximo y mínimo de la prestación se calcula aplicando a los topes máximos y mínimos habituales para todo el mundo una reducción de la misma proporción a la de tu jornada. Si eres trabajador sin hijos, el máximo que puedes cobrar son 1076 euros al mes, pero si realizas media jornada, el tope máximo para cobrar se reduce un 50%, es decir, cobrarás como máximo 538 euros.

2) Sería necesario una reforma de los Servicios Públicos de Empleo, aumentando el personal que trabaja en este servicio. Realizar una orientación individualizada y personalizada. Aumentar el número de ofertas de empleo gestionadas a través de los Servicios Públicos de Empleo. No dejar en manos de las ETT (Empresas de Trabajo Temporal) la gestión de la intermediación laboral pública, como proponen las patronales, sería un perjuicio para los trabajadores semejante al que se produjo con la entrada de las mutuas privadas en la gestión de las bajas laborales.

3) Implantar el derecho a prestación de desempleo para los trabajadores con contratos de formación. Es necesario que tanto trabajadores como empresarios coticen por la contingencia de desempleo y puedan acceder a la cobertura de desempleo.
El contrato para la formación, utilizado sólo para contratar a jóvenes entre 16 y 21 años, por un tiempo máximo de hasta 2 años sin derecho a indemnización a su finalización, no tiene derecho al desempleo, cuando un trabajador normal cuando cotiza 2 años tiene derecho a 8 meses de prestación de desempleo.

4) Es necesario establecer por ley la revalorización anual del Indicador Público de Rentas Múltiples, IPREM. El IPREM marca el mínimo y el tope máximo que se puede cobrar de prestación de desempleo. Si el IPREM no aumenta cada año lo suficiente, el mínimo y el máximo a cobrar por desempleo será una cantidad insuficiente. Para evitarlo sería positivo aumentar anualmente el IPREM como mínimo lo que crezca el IPC, igual que se reivindica para el Salario Mínimo Interprofesional este aumento automático.

5) Revalorizar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ampliando el número de inspectores y subinspectores y contar con el personal de apoyo necesario. Atajar el fraude en la contratación también es una medida que sirve para frenar el desempleo. Se entiende que es más fácil destruir un puesto de trabajo si el contrato de trabajo utilizado es de carácter temporal que si es indefinido. Y sabemos también la cantidad de contratos de trabajo temporales existentes que están hechos en fraude de ley, siendo muchos de ellos puestos de trabajo fijos.

ELIMINAR EL TOPE MÁXIMO DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

2008-12-18T10:52:00.000-08:00

Estos últimos días estamos viendo como se alzan voces que reclaman cambios en la Seguridad Social. De nuevo se reúnen grupos políticos para, siguiendo las recomendaciones de los Pactos de Toledo, evaluar la situación de la Seguridad Social y estudiar medidas para su mejora.

Una de las recomendaciones que surgió de los Pactos de Toledo hace 12 años, fue realizar una mejora de las bases de cotización, donde éstas coincidiesen con los salarios reales, fijándose un único límite máximo de cotización que fijara el techo de aseguramiento del sistema público de protección. Antes, existían diferentes topes máximos de cotización para diferentes categorías.

En 1996 se firma el Acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social. Uno de los puntos acordados será el que establece que el límite máximo de cotización, el tope máximo, se incrementaría de acuerdo con el IPC previsto, pero compasando este límite con el máximo de cobertura que se establezca en el sistema público de pensiones, con la pensión máxima.

Teóricamente el tope máximo de cotización existe porque también existe un límite máximo de pensión de jubilación, que para 2008 es de 33.383,14€ anuales, 2.781,93€ mensuales repartidos en 12 pagas. Ya que no se puede cobrar más de eso de jubilación, a algunas personas les puede parecer lógico, y en aras a la famosa contributividad, poner un límite máximo a la cotización de los trabajadores.

En el blog de Joaquin Aparicio, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, recoge un artículo donde habla de recomendaciones sobre la Seguridad Social. Al final realiza una propuesta: eliminar el tope máximo de cotización a la Seguridad Social. ¿Porqué?

Pues porque se entiende injusto que un trabajador que cobra 1.000 € al mes cotice por todo su sueldo (un 6,4% aproximadamente), pagando 64€ mensuales; y un trabajador que cobra 4.000 € al mes no cotice por todo su sueldo, que serían 256€ mensuales, sino que cotiza por el tope máximo (3.074,10€) pagando 196 €. La cuestión es que aquellas personas que cobran mucho, más de 3.074€ mensuales, no pagan impuestos por todo su salario, ya que se impone el tope máximo de cotización como base de cotización, pero los que cobran menos cotizan y pagan por todo su salario.

Otro ejemplo: un trabajador que cobra 3.074€ brutos mensuales paga a la Seguridad Social 196,74€, pues su sueldo bruto es igual al tope máximo de cotización. Y otro trabajador que cobra el doble, 6.148€, que los hay, pagará a la Seguridad Social lo mismo que el anterior, 196,74€, ya que cotizará según el tope máximo. El resto de su salario está libre de impuestos a la Seguridad Social.

En resumen, el tope máximo de cotización hace que aquellas personas que más cobran aporten menos a la Seguridad Social. Los mayores sueldos de este país son los que proporcionalmente menos aportan a la caja de la Seguridad Social.

En este sentido, el profesor Aparicio, propone eliminar este límite, entiendo que para que todo el mundo cotice por todo su salario y no se beneficien las rentas más altas. Además, esta medida supondría ingresos importantes para la caja de la Seguridad Social, lo cual sería beneficioso para un mejor funcionamiento del sistema público.

No es posible saber con claridad el número de personas que se verían afectadas por la medida de eliminar el tope máximo, y por tanto, el volumen de ingresos que supondría. No obstante alguna publicación económica consultada, cifra en un 10 por ciento el número de contribuyentes en el IRPF cuyas rentas salariales declaradas superan los 30.000 euros, lo cual indica que esa masa laboral, descontando los pensionistas que alcanzan esa cifra, está sujeta a cotización por base máxima, siendo este dato indicativo del posible numero de personas afectadas ahora y en un futuro.

Esta medida también afectaría a aquellas personas que en algún momento de su vida laboral ejercen el pluriempleo.

Más allá del incremento de ingresos que supondría, con la eliminación del tope máximo de cotización se atajaría un problema de injusticia, ya que los salarios más altos, al no cotizar por todo, aportan menos en términos relativos.

Hasta aquí estoy totalmente de acuerdo con la idea de hacer que quien más gana sea quien más aporte a la Seguridad Social, no como ahora que es justo lo contrario.

Pero la apuesta de eliminar el tope máximo de cotización, por sí sola, podría tener otras consecuencias:

Si se puede cotizar sin límite a la Seguridad Social se podría llegar a obtener la pensión máxima a través de una cotización más fuerte durante los últimos años contabilizados para establecer la pensión. Se podría propiciar el aumento artificial de la base reguladora durante los últimos años de cotización de la vida laboral, lo cual está algo limitado hoy en día. Podrían aumentar el número de personas que consigan la pensión máxima. No sería fácil, pero se podría dar el caso, o sea, que la picaresca podría utilizarse en perjuicio de la Seguridad Social.

Por eso, estaría de acuerdo con la medida de eliminar el tope máximo de cotización si se limitara de alguna manera la posibilidad de aumentar artificialmente la base reguladora en los últimos años de cotización de la vida laboral. Una opción sería que se cotice y se pague por todo el salario percibido, pero que la base reguladora que se tome en cuenta para el cálculo de las pensiones se limite.

No estaría de acuerdo con eliminar el tope máximo de cotización si se piensa también en eliminar la pensión máxima.

En estos momentos es más necesario que nunca defender el sistema público de protección social, por su carácter solidario, financiado por un sistema de reparto, público, sometido a control social y político, garantizando sus efectos de cohesión social y económica.
Es importante por la redistribución de rentas que realiza, es decir, quien más tiene paga más, y se reciben prestaciones que no son proporcionales a las cantidades cotizadas, sino que hay una compensación.

Además, el sistema público de pensiones, a través del proceso de cotizaciones, tiene capacidad para redistribuir la renta entre generaciones distintas. Incluso, hay que destacar como positivo también, el papel de caja única estatal, siendo uno de los principales mecanismos de que se dispone para redistribuir la renta de manera interterritorial, para favorecer a los territorios con menores posibilidades.

El principio de solidaridad y redistribución de rentas debe estar por encima del principio de contributividad.

El desarrollo de los sistemas de Seguridad Social en Europa son una de nuestras principales conquistas como sociedades, siendo uno de los signos de identidad del modelo social europeo, diferente, por ejemplo, del de los Estados Unidos. Hoy más que nunca es necesario defenderlo, y en países como España, profundizarlo mucho más.

EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL Y LOS LIBERALES

2008-12-01T10:15:00.000-08:00

El congreso regional madrileño de las Nuevas Generaciones del Partido Popular se celebró la semana pasada. A él asistieron personajes políticos de la talla de José María Aznar o Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en él se reeligió a Pablo Casado como presidente de la organización juvenil durante tres años más.

La ponencia política de la organización juvenil del partido que gobierna en la Comunidad de Madrid, declaraba su disposición a dar la batalla de las ideas sin complejos, a favor del “liberalismo” que tanto propugnan sus dos líderes anteriormente citados. Apuestan por “la libertad individual y la igualdad de oportunidades frente al intervencionismo y al igualitarismo”; “No creemos en “papá Estado”, un país libre necesita menos intervencionismo por parte del Gobierno y mayor libertad de elección de los ciudadanos. Menos impuestos y más contención en el gasto público. Menos empleados públicos y más emprendedores.”

En la ponencia política se pronuncian a favor de la flexibilización del mercado laboral “como método de crear empleo”. Más adelante se opina sobre el Salario Mínimo Interprofesional, diciendo que “lejos de crear empleo, provoca inflación y crea paro”.

De estas palabras suponemos el posible interés de estos dirigentes políticos por eliminar la figura del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), si pudieran actuar “sin complejos”, o más bien, si pudieran actuar sin una oposición sindical y política de los trabajadores. Supongo que su práctica querrá ser, tal como han hecho durante su gobierno, reducir la cuantía del SMI a una cifra insignificante y ridícula, es decir, elevar anualmente la cuantía (para que no se diga…) pero por debajo del aumento del coste de la vida (IPC).

Estas ideas no son sólo propias de la organización juvenil liberal, sino que son asumidas por el Partido. El líder del PP Mariano Rajoy, calificó de "claramente electoralista" el anuncio realizado por José Luis Rodríguez Zapatero, de elevar el SMI hasta los 800 euros en la próxima Legislatura (2012). En su opinión, hay que "estudiar" esta medida porque "puede influir en la inflación", así como en la creación de empleo.

Esto es un ataque al SMI, una de las figuras más representativas de la legislación laboral protectora de la desigualdad de condiciones existente entre el empresario y el trabajador.

¿QUÉ ES EL SMI?

En 1963 se instaura por vez primera en España un salario mínimo interprofesional, diferente en aquel momento según el tipo de actividad y la categoría profesional. Es en 1980, en el marco del nuevo régimen político, donde se promulga el Estatuto de los Trabajadores donde se incluye la existencia de un salario mínimo de carácter general para todos los trabajadores. Este SMI está recogido en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores (ET).
La última actualización que se realizó del salario mínimo fue en diciembre de 2007 (se actualiza todos los años), cuando se estableció la actual cantidad de 600 euros mensuales por 14 pagas, lo que da un total de 8.400 € anuales.

El SMI se configura como una obligación que los poderes públicos, el Estado, impone a los empresarios para no permitir salarios por debajo de ese umbral. Ningún trabajador puede percibir por su trabajo en cualquier actividad un salario por debajo de la cuantía del SMI. El SMI constituye una pieza básica del Estado de Bienestar. El derecho laboral establece una limitación mínima, un salario básico mínimo, igual que se establecen otras limitaciones mínimas, como una jornada máxima de 40 horas semanales, o una edad mínima de 16 años para trabajar.

El SMI es necesario que exista para garantizar a los trabajadores una renta mínima que les permita satisfacer sus necesidades de manera adecuada. De ello habla también, el Convenio nº 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por España en 1929. El SMI se convierte en una referencia salarial mínima para aquellos trabajadores que no están cubiertos por un convenio colectivo, que son muchos.

La existencia de esta garantía mínima viene derivada también por nuestra Constitución de 1978, cuando en su artículo 35 especifica que todos los españoles tienen el derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Y garantizar ese mínimo le corresponde al Gobierno, encargado de determinar anualmente esa cantidad.

LA IMPORTANCIA DEL SMI

Existen otros casos en los que el SMI se utiliza como referencia para determinar el salario o una renta. Es el caso de la retribución del trabajador contratado para la formación, de los empleados de hogar y los penados que realizan actividades laborales en talleres penitenciarios.

También es referencia para otras cuestiones económicas, como la determinación de las garantías, privilegios y preferencias del salario de los trabajadores, o los límites de responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). El SMI marca la cantidad que nunca se podrá embargar a un trabajador por muchas deudas que tenga, salvo que lo imponga resolución judicial para el pago por alimentos a hijos en caso de divorcio. También marca el importe de la garantía financiera que deben constituir las empresas de trabajo temporal o las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social.

Mientras mayor sea el SMI mayor cantidad de dinero tendrán que depositar las Empresas de Trabajo Temporal como garantía salarial en caso de quiebra. Mientras mayor sea el SMI mayor será la base mínima de cotización de los trabajadores, y mayor será la recaudación que tenga la Seguridad Social para realizar gastos sociales como pensiones, prestaciones por desempleo o gastos por enfermedades y accidentes derivados del trabajo. Mientras mayor sea el SMI mayor cantidad de dinero pagará el Fogasa a los trabajadores con nóminas pendientes en caso de quiebra de la empresa. ¿A quién le interesa que el SMI sea una cantidad baja?

Pero el SMI también es utilizado para la determinación de algunas de las prestaciones y subsidios de la Seguridad Social como los requisitos de acceso y, en su caso, mantenimiento del subsidio de desempleo, de las pensiones de viudedad, orfandad, prestaciones en favor de familiares, prestaciones por nacimiento o adopción del tercer o sucesivos hijos, así como el importe de la prestación económica por parto o adopción múltiples. Si el interesado, o persona del núcleo familiar, tiene ingresos superiores a la cuantía del SMI, o varias veces la cuantía del SMI (dependiendo de lo que diga la ley en concreto), no se tendrá derecho a acceder a una determinada prestación o ayuda económica. Es decir, que si la cuantía del SMI aumenta también aumentarán el número de personas que pueden acceder a este tipo de subsidios y aumentarán también las cantidades de las ayudas que se reciben en concepto de alguno de estos subsidios. ¿A quién le interesa que aumente la cuantía del SMI?

Otra cuestión importante es que el Gobierno creó en el año 2004 el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), un indicador en forma de cuantía económica que se utiliza como referencia del nivel de renta, sustituyendo al SMI para determinar la cuantía de prestaciones o para acceder a determinados beneficios o servicios públicos. El IPREM se utiliza ahora, entre otras cosas, para determinar el máximo y mínimo que se puede cobrar de prestación por desempleo. Por ejemplo, si el IPREM en 2008 es de 516’90€, la Ley General de la Seguridad Social dice que lo que un parado sin hijos podrá cobrar de prestación como máximo, independientemente de lo que haya cotizado, será el 175% del IPREM, es decir 1.055,33 euros.

Tras esta reforma legal, que el SMI aumente o disminuya no afecta al mínimo o máximo que se puede cobrar por desempleo u otras prestaciones, pero sí el IPREM. Pero claro, ahora tenemos que preocuparnos para que otro indicador, el IPREM, aumente progresivamente de manera adecuada. Pero esto es otra cuestión que abordaré en otro momento.

Es difícil estimar la cantidad de trabajadores en España que perciben el SMI. Algunos cálculos estiman que es el 0,8% de la población asalariada. Otras estadísticas apuntan a alrededor del millón de personas, bien por tener ese salario o bien por tener un subsidio o prestación con referencia a ese indicador.

Es evidente que el importe del SMI anual influye también de manera importante en toda la negociación colectiva. Muchos de los salarios establecidos en los convenios colectivos, sobre todo el de las categorías profesionales inferiores, se acogen a la referencia del SMI, para estar un poquito por encima de esa cuantía.

RAZONES PARA NO REDUCIRLO, SINO AUMENTARLO CONSIDERABLEMENTE

Si nos fijamos en nuestro entorno vemos que España tiene el salario mínimo más bajo de toda la Unión Europea-15, con la excepción de Portugal. Las diferencias en la cuantía del SMI español con el resto de países de la UE-
15 no se explican por diferencias en los niveles de productividad que justifique
una remuneración más baja de las horas trabajadas.
Algunos datos: SMI de países europeos en 2007 (Francia, 1.254 €; Irlanda, 1.403 €; Holanda, 1.301 €; Bélgica, 1.259 €; Reino Unido, 1.361 €).

Si presumimos de octava potencia mundial, no se entiende que tengamos uno de los salarios mínimos más bajos de la Unión Europea. Sólo es entendible si creemos que la base del crecimiento económico español debe ser la construcción, los servicios ligados al turismo y unos bajos salarios que llamen a empresarios a invertir en nuestro país.
Como parte del tan mencionado “cambio de modelo productivo”, hacia un modelo que no abuse de la construcción, más productivo, donde las tecnologías o las energías renovables tomen la iniciativa, etc., sería razonable un aumento del SMI que huya de un modelo económico basado en bajos salarios. Para eso están y estarán otros países con los que ya no podemos competir.

Qué tipo de actividad económica sería la interesada en contratar a trabajadores con salarios inferiores a 600€: sectores tecnológicos o que demandan trabajadores cualificados seguro que no.

El SMI medio europea está en 1.160€. Nuestros 600€ deberían acercarse también a Europa, no sólo hay que converger en el IPC o el déficit público, también en otras variables que benefician al trabajador. Sería positivo acercarnos a esta media europea y alejarnos de los 600€ que están muy cerca de lo que se considera el umbral de la pobreza.

Un argumento de los liberales del PP es decir que sin salario mínimo los empresarios tendrían más incentivos para contratar. Por esa misma lógica, también se podrían eliminar todas las limitaciones que establece el derecho laboral para proteger al más desfavorecido en la relación laboral, el trabajador, ya que parece ser que desincentivan a los empresarios a contratar. Eliminar el tope máximo de jornada laboral de 40 horas semanales, o bien aumentar su máximo hasta las 65 horas o más; eliminar el mínimo de edad para trabajar de los 16 años, seguro que habrá “empleadores” a los que esto les incentive a contratar. Es exactamente la misma lógica que dice que hay abaratar el despido para incentivar al empresario para que contrate.

Se argumenta por parte del PP que un aumento del SMI implica destrucción de empleo, pero esta predicción contrasta con los datos a escala europea. Precisamente es en España, donde el SMI es más bajo, donde más empleo se está destruyendo en estos momentos, y donde la tasa de paro es mayor. No hemos visto a países como Francia, Reino Unido o Holanda dejar de crear empleo o destruirlo por tener salarios mínimos por encima de los 1.200 euros.

La Carta Social Europea establece que el SMI deber ser como mínimo el 60 % del salario medio (según los últimos datos del INE el salario medio de los trabajadores españoles está situado alrededor de los 1.900 euros brutos mensuales). Estas recomendaciones europeas, ratificadas por España, son incumplidas sistemáticamente. Para su cumplimiento los dos sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT han propuesto al Gobierno y empresarios subir el SMI un 8% anual durante los próximos ocho años, lo que situaría su cuantía en 816 euros mensuales en 2012 y en 1.111 euros en 2016, el equivalente al 60% del salario medio (que, según las previsiones, existirá este año) recomendado por la Carta Social Europea.

Otro factor a favor del aumento del SMI es el injusto reparto de la riqueza producida en España por el reciente crecimiento económico logrado, donde los beneficios empresariales han aumentado a tasas históricas, mientras que el salario medio ha perdido capacidad real de consumo.

El actual nivel de vida hace necesario contribuir a que realmente sea efectivo el derecho constitucional del trabajador a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, claramente insuficiente con la cuantía de SMI actual.

Por otro lado, un aumento del SMI provocaría una mayor recaudación de la Seguridad Social, ya que las bases mínimas de cotización aumentarían. No son pocas las empresas que cotizan por sus trabajadores sobre la base mínima, figurando el SMI como salario en nómina, y el resto del sueldo real lo pagan en dinero negro. Y muchas de estas empresas están ligadas al sector de la construcción, y muchos de estos trabajadores por los que se ha cotizado lo mínimo son trabajadores extranjeros.
Como éstos, multitud de casos de fraude económico y laboral cotizan y pagan a la Seguridad Social lo mínimo posible.

EN RESUMEN:

-Garantizar, de verdad, el derecho constitucional de un salario suficiente para satisfacer las necesidades propias y de la familia. Adecuar la cuantía del SMI al aumento del coste de la vida producido en los últimos años.
-Poner al trabajador español en igualdad de condiciones salariales con los trabajadores europeos. Salir del vagón de cola de Europa en cuanto a salarios.
-Apostar por un modelo productivo alejado de los bajos salarios. No competir en el mundo por bajos salarios.
-Aumentar las cuantías de las prestaciones y subsidios sociales. Aumentar el número de personas que puedan beneficiarse de estas ayudas.
-Llegar al 60% del salario medio español, tal como recomienda la Carta Social Europea.
-Mayor recaudación para la Seguridad Social, más recursos para gastos sociales.
-Menor margen para el fraude laboral.
-Repartir la riqueza creada en España con mayor justicia. Justicia social y redistribución de la riqueza.

REFORMAR EL SMI: GARANTIZAR LA SUBIDA DEL COSTE DE LA VIDA (IPC)

El Estatuto de los Trabajadores no establece literalmente como obligatorio el mantenimiento del poder adquisitivo del SMI, pero del espíritu de esa ley se puede inferir que su actualización debe ser al menos igual a la de los precios.
Durante los últimos años, especialmente entre los años 1996 y 2004 (gobiernos del Partido Popular), el SMI sufrió un gran deterioro. Durante 5 años, el Gobierno del PP aumentó anualmente el SMI un 2%, mientras la inflación subía al 3,5%. Por esta política se ha producido una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, entre otros factores, ya que hemos visto que el SMI está relacionado con otras prestaciones sociales. El SMI debería haber aumentado un 6,6% más entre los años 1996 y 2004 para ponerse al mismo nivel que el aumento del coste de la vida.
Este agravio hacia el SMI y los trabajadores fue subsanado en 2004, por el Gobierno del PSOE. Con el Real Decreto Ley 3/2004 se aumentó el SMI para 2004 un 8,6%, recuperándose el terreno perdido. Esta medida fue consensuada con sindicatos y patronal.
Pero la pérdida de valor del SMI también se ha producido durante los Gobiernos anteriores del Partido Socialista. Entre los años 1982 y 1996 el SMI aumentó un 85,4%, mientras que el IPC aumentó un 94%. Por lo cual el SMI tuvo una pérdida de un 8,6% en 14 años. No voy a entrar en comparar con cual de los dos partidos políticos ha habido mayor pérdida del SMI. Lo que me interesa es ver otra cuestión.
El SMI ha ido variando, perdiendo peso y valor en la mayor parte de tiempo, viéndose aumentado en otros momentos favorables políticamente para ello. Durante todo este tiempo los trabajadores no han tenido la garantía de que el SMI iba a aumentarse, por lo menos, lo que aumentara el coste de la vida.
Para evitar que se produzcan estas pérdidas sería positivo introducir, en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, un artículo que obligue a como mínimo aumentar anualmente el SMI lo que lo haga el coste de la vida (IPC), para evitar que se produzcan pérdidas en el poder adquisitivo de los trabajadores. Es decir, establecer cláusulas similares a las que ya existen para las pensiones públicas, que como mínimo aumentan el porcentaje que lo hace el IPC. Con esta reforma en el articulado no se va a conseguir llegar a la famosa cifra del 60% del salario medio, pero por lo menos, garantizaremos que no habrá más pérdidas de poder adquisitivo para los trabajadores, independientemente del partido político que gobierne y de sus intenciones.